El Gobierno británico anunció este martes, un nuevo plan de austeridad, el cual destaca la congelación por dos años de sueldos para los trabajadores públicos y el alza del IVA del 17,5% al 20%, para generar nuevos ingresos anuales.
El plan de austeridad fue anunciado por el ministro de Finanzas, George Osborne, con el objeto de reducir el déficit público del país en un plazo de cinco años y que se llevará a efecto, a partir de esta media noche en algunos casos específicos, como la nueva tasa para la banca, el cual presenta un aumento del 18% al 28% de los rendimientos del capital.
Tales medidas fueron presentadas este martes por el ministro ante el Parlamento europeo, quien destacó que este presupuesto de emergencia para el ejercicio 2010-2011, generará más de 13.000 millones de libras (19.000 millones de dólares), anuales suplementarios hacia el final de la legislatura que comenzó en mayo.
Entre las medidas, se destaca la suspensión, durante tres años, de las ayudas por hijos para los trabajadores y la eliminación de los incentivos familiares en el caso de hogares con ingresos superiores a las 40.000 libras.
Además, se tiene estimado retrasar la edad de jubilación a los 66 años y una limitación de las ayudas de vivienda para los sectores más desfavorecidos.
Asimismo, las personas que reciben subsidios por alguna discapacidad, que tendrán que someterse a nuevos exámenes médicos para evaluar su situación actual.
Todo ello, “es un presupuesto de emergencia, así que déjenme hablarles con claridad de la emergencia que afrontamos. El Gobierno de coalición ha heredado de su predecesor el mayor déficit presupuestario de cualquier economía en Europa con la excepción de Irlanda”, dijo Osborne.
“Una de cada cuatro libras que gastamos es prestada. Lo que no hemos heredado de nuestros predecesores es un plan creíble para reducir este déficit récord”, señaló el canciller del Exchequer.
De no tomarse estas medidas para reducir el déficit, argumentó Osborne, la credibilidad del país en los mercados internacionales se verá afectada, con “catastróficas” consecuencias, señaló.
Mientras tanto, los principales sindicatos del país criticaron fuertemente el plan del Gobierno, al que acusaron de “declarar la guerra” al sector público.