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La controlaría social del Poder Popular es vital para la efectiva aplicación de la Ley Nacional de Costos y Precios Justos.
Así lo ratificó este viernes la superintendente nacional de Costos y Precios Justos, Karlin Granadillo, durante su participación en el segmento D’Frente, que transmite Venezolana de Televisión.
Especificó, en ese sentido, que las comunidades organizadas cuentan con las denominadas actas de verificación inmediata, mecanismo utilizado por la ciudadanía para ejercer controlaría social sobre los establecimientos comerciales aledaños, con el objetivo de evitar los sobreprecios en productos esenciales.
Luego, detalló la alta funcionaria, las actas son remitidas a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos -ente adscrito a la Vicepresidencia de la República- para iniciar los respectivos procedimientos.
Por último, la superintendente Karlin Granadillo destacó el trabajo coordinado entre el Poder Popular y Gobierno venezolano para realizar los procesos de fiscalización en el territorio nacional.
“El Estado busca garantizar los productos regulados en todo el país”, puntualizó.