Desde que quedó claro que el proceso de cambios que empezó a producirse con la llegada del Presidente Hugo Chávez al gobierno en Venezuela era real y concreto, un conjunto de poderes fácticos nacionales e internacionales comenzaron a aplicar diversas estrategias para tratar de deslegitimar esa conducción política que, contrariamente a lo que ellos esperaban, ha sido fuertemente respaldada por la ciudadanía en numerosos procesos electorales.
Parte de estas prácticas ha sido la caricaturización permanente del Presidente Chávez, queriendo centrarse en las formas, muchas de ellas propias de quienes viven en contextos culturales y sociales muy distintos del venezolano, más que en el fondo. También se ha buscado generar impúdicamente falsas imágenes de nepotismo y de cara a la elección presidencial del 7 de Octubre, a sabiendas de la segura relección del primer mandatario, se ha utilizado ejemplos como el plebiscito de 1988 en Chile tratando de homologar de manera ficticia lo que hoy se vive en Venezuela con la realidad que vivía Chile bajo la dictadura de Pinochet.
Por eso, más que hablar de los programas de gobierno que ofrecen los candidatos, se ha insistido en crear un clima artificial respecto de la transparencia del proceso y sus resultados, cuando recientemente el ex Presidente norteamericano Jimmy Carter ha avalado la calidad del sistema electoral venezolano, radicado no en un organismo de pocos recursos y funcionarios y con poca capacidad fiscalizadora como ocurre en Chile por ejemplo, sino que en un poder del Estado, como es el estatus que tiene el Consejo Nacional Electoral.
Sin ir más lejos, y aunque muchos medios y agencias busquen instalar previamente conceptos como el de fraude, para tratar de enlodar y restar valor al respaldo del Presidente Chávez y su gobierno tiene entre la gente, ha sido el propio analista chileno, el Demócrata Cristiano Genaro Arriagada, ex embajador en Washington, quien en un informe elaborado para el Wilson Center de Estados Unidos en conjunto con el ex presidente del Instituto Federal Electoral de México, señala respecto del sistema electoral venezolano que “tiene innegables fortalezas y es tecnológicamente muy avanzado. Funcionando adecuadamente asegura la transparencia de elementos fundamentales para el control y vigilancia de los procesos electorales por partidos, ciudadanos y observadores”.
Llama la atención que se haga tanto cuestionamiento acerca del proceso electoral venezolano, que en las pasadas elecciones, en un contexto de voto voluntario registró una abstención del 25,3%, cuando en naciones vecinas como Colombia, donde existe un conjunto de beneficios legales para “incentivar” la participación electoral, en las presidenciales del 2010 la abstención superó el 51%, sin que ningún medio ni analista internacional se haya hecho cargo de tal situación.
Por cierto, del sistema político que tanto se busca cuestionar poco se dice. No se menciona jamás que la Constitución venezolana tiene elementos democráticos que todavía muchas cartas magnas -–entre ellas la chilena- están aun lejos de tener, tales como el voto de sus ciudadanos en el exterior, la revocación del mandato de las autoridades electas, el referendo, la consulta popular, la iniciativa popular de ley, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos con decisiones vinculantes.
La Constitución Bolivariana consagra el derecho al trabajo y el derecho a huelga, y es la primera en reconocer los derechos de los pueblos indígenas y establecer como oficiales sus lenguas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos, costumbres y religiones, así como su hábitat y derechos sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.
El programa de gobierno que el Presidente Hugo Chávez le ha presentado al pueblo, y sobre el que no hemos leído ningún comentario parte por asumir a Venezuela como un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, donde se reconoce la dignidad del ser humano, como sujeto en ejercicio pleno de sus derechos, y se reconoce a la familia como un factor determinante de protección y base fundamental de la organización social.
Ese mismo programa postula fortalecer la “contraloría social”, como estrategia para el ejercicio de un derecho ciudadano que permite supervisar la gestión de los organismos de la administración en el manejo de los fondos públicos y la eficacia en el cumplimiento de sus metas. Se trata de una oferta programática que propone avanzar en la “soberanía tecnológica” que significa fortalecer la innovación y la ciencia, al igual que la minería y la industria petrolera.
Desde una mirada chilena, esta campaña sostenida en el tiempo contra Venezuela busca además deteriorar, injustificadamente, los históricos vínculos que han unido a ese pueblo con Chile desde las luchas independentistas contra la dominación española. Desde entonces, siguiendo el ejemplo de O’Higgins, Miranda y Bolívar, miles de chilenos y venezolanos, especialmente en tiempos de dictadura, han ofrecido y conocido la generosidad recíproca.
Quizás si uno de los mayores ejemplos de la cercanía entre ambas naciones, que muchos hoy quieren borrar, se plasma en la relevancia, que en la historia de Chile, han tenido personajes como el caraqueño Andrés Bello, quien no sólo fundó y fue el primer rector de la Universidad de Chile, sino que también redactó el Código Civil vigente, y terminó, ya convertido en ciudadano chileno, ejerciendo como Senador de la República hasta el último de sus días.
Rechazamos esta evidente campaña que se ha desplegado contra Venezuela y su gobierno buscando reeditar lo que se hizo contra el Presidente Salvador Allende en plena Guerra Fría y reiteramos nuestra amistad con el proceso bolivariano, porque estamos convencidos que los pueblos tienen derechos a decidir y construir su destino, sin que otros les digan como deben hacerlo.