El Estado venezolano ha fijado un tope para el aumento de la matrícula escolar en las instituciones educativas privadas para evitar que se especule con la educación y que se haga de ella un comercio. Así lo destacó este martes la vicepresidenta de la comisión de Educación de la Asamblea Nacional (AN), Maigualida Barrera, en un contacto telefónico con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
“El Estado está asumiendo un rol que es ineludible y constitucional; es el responsable de la educación en el país y tiene que velar y luchar contra todo aquello que pueda impedir que se ejerza libremente y en las mejores condiciones el derecho a la educación de todos los venezolanos”, agregó la parlamentaria.
Barrera señaló que una de las medidas con las que en años anteriores se expulsaba del sistema educativo a la población escolar, era con el cobro de montos excesivos en las matrículas. «Esta era una de las razones que impedía el acceso libre a un derecho humano tan fundamental como es la educación”, advirtió.
Manifestó que a diferencia del pasado, ahora los padres tienen un papel importante en la toma de decisiones de todo aquello que atañe a la educación, incluyendo el tema de la matrícula, pues ahora participan en Asambleas de Padres, Representantes y Responsables para escoger en consenso lo más conveniente para sus hijos.
En este sentido, desestimó la posición de algunos voceros que reclaman mayor participación en la toma de decisiones y que critican la regulación por parte del Estado, como es el caso de la presidenta de la Red de Padres y Representantes, Lilia Vega.
“Es novedoso este aspecto de que sean los padres quienes decidan el monto con base en el tope pautado por el ministerio. Esto nunca se hacía así. No se está privando a los padres de que participen, pero se establece un tope para evitar esa conducta especulativa que todos conocemos”, enfatizó la legisladora.
Asimismo, recordó a quienes atacan la regulación del Estado, que antes, de manera arbitraria, los directivos de las instituciones educativas privadas establecían los montos que ellos consideraban, “ y aquellos padres que no pudieran cumplir con esos montos, sencillamente tenían que sacar a su niño de la escuela”.
La diputada explicó que las autoridades educativas trabajaron de manera conjunta con especialistas de la cartera de Comercio, de manera que prevalecieran los criterios técnicos y económicos a la hora de pautar el porcentaje máximo para el aumento.
“Estos estudios y la decisión tampoco se dio de espalda a los gremios. El ministerio no sólo tomó la decisión de la mano del ministerio de Comercio, sino que también se reunió con los gremios educativos para llegar a un consenso”, acotó.
Refirió que las críticas y las matrices de opinión adversas a esta medida, tienen una intencionalidad política y privan intereses económicos de grupos que se niegan a entender la educación desde la perspectiva de Estado docente.
“Ellos asumen que la educación es un asunto particular, individual y privado, pero esa tesis es contraria a la tesis que en Venezuela se ha abrazado, de que es el Estado docente quien tiene la responsabilidad del asunto, porque la educación es una función y un derecho que atañe a toda la población”, expreso.
Puntualizó que estos sectores se valen de la capacidad de “parlantes tan poderosos como son los medios de comunicación privados” para tergiversar la realidad con descalificativos y con falsas matrices de opinión.
F/ABN
T/Mary Dugarte