La crisis económica y los sucesivos recortes del gasto público aplicados en España desde 2010 incrementaron de manera preocupante las desigualdades sociales entre la población inmigrante y la nativa, reveló este martes un estudio.
La tasa de desempleo entre los inmigrantes duplicó a la de los españoles durante 2011, con un 39,1 por ciento de parados extranjeros frente al 18,4 por ciento registrado entre los autóctonos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Este es uno de los resultados del estudio Impactos de la crisis sobre la población inmigrante, elaborado por la OIM para rescatar la invisibilidad de ese colectivo afectado y reivindicar el mantenimiento de las políticas a favor de su integración.
Con un 49,3 por ciento de sus integrantes en la calle, los africanos son la comunidad foránea más desfavorecida, seguida por la de ciudadanos europeos no comunitarios, que representa el 32,8 por ciento del total de desocupados.
Los latinoamericanos, por su parte, son el grupo extracomunitario menos golpeado, con un 28,5 por ciento de parados, precisó el informe.
Durante la presentación del documento, María Jesús Herrera, jefa para España de la OIM, indicó que la inserción laboral de los inmigrantes en este país ibérico era muy precaria antes de la crisis.
Más de la mitad de los ciudadanos foráneos que perdieron su empleo tras el comienzo de la debacle económica carecía de derechos de protección social derivados del sistema de Seguridad Social, subrayó.
El desempleo perjudica de forma intensa tanto a los jóvenes españoles como a los inmigrantes (46 y 49 por ciento, respectivamente) y son de nuevo los africanos los que más lo padecen.
Otra de las consecuencias del contexto económico es que la tasa de pobreza de los hogares inmigrantes (31 por ciento) supera en 12 puntos a la de los oriundos menores de 65 años, que se sitúa en el 19 por ciento.
Además, la pobreza extrema aumentó en España, pero la situación es peor entre los inmigrantes no comunitarios -el 10,8 por ciento de éstos la sufre-, en tanto que en los nacionales es de 6,7 por ciento.
Los primeros tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes con los ingresos habituales y también han disminuido las remesas enviadas a sus países de origen.
Entre otras razones, los autores de la investigación llamaron a preservar las políticas integradoras por el aumento de las percepciones negativas de la población española sobre la incidencia de la inmigración en el mercado de trabajo.
Esa percepción de los ciudadanos oscila entre el rechazo (37 por ciento), la tolerancia (33 por ciento) o la ambivalencia (30 por ciento), siempre de acuerdo con el estudio.
El porcentaje de quienes están por la expulsión del país de los extranjeros en situación irregular se incrementó del 12 por ciento en 2007 al 20 por ciento en 2010.
Es necesario abandonar la fantasía de que el asunto se solucionará con la salida masiva de esta población, agregó la OIM.
Por el contrario, resulta imprescindible asumir su condición de ciudadanos y, en tanto que tales, atender las situaciones de precariedad que les afectan especialmente, apostilló la organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza.