La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay informó que existen numerosos elementos sobre la privación arbitraria de la vida de, por lo menos, siete de los 11 campesinos muertos durante el desalojo de junio pasado en Curuguaty.
A través de un informe, esta oficina de Derechos Humanos reveló que campesinos sin tierra fueron torturados y otros ejecutados luego de resultar heridos en el tiroteo, contradiciendo la versión de la Fiscalía paraguaya sobre lo ocurrido, reseñó Prensa Latina.
En el documento, elaborado luego de una investigación sobre lo sucedido, se explica que los rastros de ejecución se presentaron en los cadáveres de Avelino Espínola, Adolfo Castro, Andrés Avelino Riveros, Luciano Ortega, Delfín Duarte, Francisco Ayala y Ramón Paredes.
Espínola era jefe del grupo campesino ocupante de un espacio en el latifundio y fue señalado por la Coordinadora de Derechos Humanos como la primera víctima el pasado 15 de junio.
Por otro lado, denunciaron que unas nueve personas detenidas en el operativo fueron torturadas o, al menos, víctimas de tratos crueles e inhumanos por agentes de la Policía en la Comisaría quinta de Curuguaty.
El informe detalla que “en algunos casos, los testimonios y las observaciones del médico forense asentadas en la carpeta fiscal indicarían que estas ejecuciones arbitrarias se cometieron como actos de venganza perpetrados por agentes policiales sobre civiles heridos o quienes se habían entregado”.
Asimismo, señala que en algunos casos, la policía había torturado a los labriegos heridos antes de permitir su evacuación del lugar y se dio prioridad en el rescate y atención médica a los agentes con heridas, sin dar tratamiento igualitario a los hombres y mujeres civiles.
También indica la Coordinadora que ese 15 de junio se detuvo de manera arbitraria a tres personas, quienes ni siquiera formaron parte de la ocupación campesina de los terrenos de Curuguaty, cuyo objetivo era la recuperación de 2.000 hectáreas donadas en 1967 al Estado paraguayo, ahora en manos de una familia latifundista.
Este sangriento desalojo fue usado como pretexto para realizar un juicio político contra el entonces presidente paraguayo Fernando Lugo, que culminó con su destitución; hecho catalogado por organismos internacionales como un golpe de Estado parlamentario.