Desde hace 25 días María Guacarán duerme tranquila porque ya no se enfrentan a tiros las bandas delictivas que operaban en el sector Tamanaquito de la Cortada de Catia. Durante este tiempo, diez jefes de estos grupos hamponiles fueron apresados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que mantiene un patrullaje constante en la comunidad, según comentaron los vecinos. Esta zona fue incorporada recientemente al plan de seguridad de la PNB, al igual que Nuevo Horizonte.
Guacarán contó que la presencia de estos funcionarios es permanente. “El martes pasado en la noche tuvimos una reunión con los transportistas que se extendió hasta las dos de la madrugada. A esa hora vimos a los agentes haciendo sus recorridos. Ésta es una policía humanista y no es represiva como la Policía Metropolitana”, refirió.
El comisario Luis Fernández, director de la institución, señaló que la PNB comenzó a operar el 20 de diciembre de 2009 en la parroquia Sucre de Caracas con 952 oficiales. Ese año se registraron 82 homicidios y entre enero y agosto de 2010 se han contado 39 muertes violentas, lo que representa una reducción de 52,44%.
Con cifras en mano, demuestra que la acción de este cuerpo de seguridad ha sido exitosa durante estos ocho meses. “Antes que la PNB llegara a Catia la tasa de homicidios era de 49 homicidios por cada 100 mil habitantes, actualmente es de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes; Sucre era la parroquia más violenta de Venezuela. Un informe que fue presentado el 4 de junio en Perú que fue presenta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la tasa promedio de homicidios en América por cada 100 mil habitantes es de de 25, 5, es decir, que en Sucre estamos por debajo de esta tasa.En Cali, Colombia, está en 60 y en Nueva Orleáns (Estados Unidos) está en 74”, aseguró.
Con respecto a otros delitos, se registró una disminución de los robos de 55,56% al pasar de 189 en 2009 a 84 entre enero y agosto de este año; así como una reducción de 50,52% de las lesiones que pasaron de 192 a 95.
“Hemos incautado 103 armas y detenido a 44 homicidas que ya tienen medidas privativas de libertad”, afirmó.
Carlos García, miembro del consejo comunal La Espada de Bolívar de Tamanaquito, afirmó que “la presencia de la Policía Nacional ha dado buenos resultados porque han bajado los índices de inseguridad, ya la gente no consume licor en la calle ni pone la música a todo volumen; esperemos que este plan no se mantenga sólo por algunos meses”.
AÑOS DE ATRASO
Jesse Chacón, ex ministro de Interior y Justicia y miembro de la Organización Grupo de Investigación Social XXI (GIS), considera que la oposición pretende incorporar el tema de la seguridad al debate político, como antesala a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre.
“El problema de la inseguridad no podemos evadirlo porque es una realidad, pero lo cierto es que nunca antes se había hecho en Venezuela un proceso de diagnóstico para crear un modelo de policía. Entre los años 1958 y 1998 no se hizo nada en nuestro país en materia de seguridad, sin embargo, la derecha quiere volver al modelo represivo que imperó en nuestro país desde 1958; teníamos un sistema policial corrompido que nació en la Cuarta República”.
Agregó que las policías estadales y municipales nacieron con el modelo descentralizado durante la década de 1980, “sin reunir requisitos, salvo contadas excepciones, había una anarquía policial”.
Chacón expresó que hasta ahora se han cumplido 50% de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), que se instaló en abril de 2006.
Entre los logros más importantes está la aprobación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional y la Ley del Estatuto de la Función Policial, además de la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), del Consejo General de Policía que tiene la tarea de definir, planificar y coordinar políticas públicas, y de la PNB.
Resaltó que nunca antes la sociedad participó activamente en un proceso de consulta que impulsó Conarepol y que duró nueve meses, en torno a un nuevo modelo de policía. “El proceso de consulta fue amplio porque se incorporó a la comunidad en general y a los actores sociales e institucionales para hacer un diagnóstico de nuestras policías. Ésta es una demostración de que hay un interés real por resolver el problema porque la única vía es dar una solución estructural al problema. Hay un cambio del modelo policial que ya no es represivo y donde la comunidad tiene una participación activa en la ejecución de políticas. Este modelo ha sido exitoso porque logró consolidar la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de donde egresan funcionarios con un nuevo perfil.
Chacón recalcó que, de acuerdo a las encuestas que ha realizado GIS XXI desde hace dos años, sobre la percepción que tienen los venezolanos sobre los tres principales problemas que los afectan, la seguridad ocupa el primer lugar, seguido por el desempleo y la inflación.
“Cuando Hugo Chávez asume la presidencia, el índice de criminalidad era alto. Según estudios del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, el crecimiento exponencial del índice de criminalidad se registra a partir de 1992 cuando ocurre El Caracazo, ya que hubo una ruptura del acuerdo social venezolano, al ocurrir una salida masiva y espontánea de la gente a la calle para rechazar unas medidas económicas. También que el conflicto colombiano trajo el secuestro y el sicariato a Venezuela, delitos que no existían en nuestro país. Aún el índice de criminalidad está alto, pero hay una solución estructural que va en camino, aunque hay que estar conscientes de que la solución no será a corto plazo. No se va a lograr que comience a tener incidencia el nuevo modelo hasta que no haya un sistema policial con nuevos valores; hay que reconocer además que en el sistema judicial hay retardo procesal y que falta mucho por hacer”, puntualizó.
Para el director de la PNB, Luis Fernández, “en Venezuela se fija por primera vez la rectoría desde el punto de vista funcional del sistema policial en Venezuela; las policías siguen adscritas a las gobernaciones y alcaldías, pero el funcionamiento es controlado por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. Se fijaron estándares de obligatorio cumplimiento con relación a los derechos humanos; al uso progresivo y diferenciado de la fuerza, al sistema de rendición de cuentas, indicadores de gestión, así como el uso de uniformes, patrullas y armamentos”.
Pablo Fernández, miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, calificó como positiva la actuación de la dirección de la PNB que “ha sido estricta en el control de las desviaciones policiales, así como la garantía de los derechos de los policías que son bien pagados y eso minimiza los actos de corrupción”.
Sin embargo, considera que se debe profundizar en las macro políticas en materia de seguridad, discusión que lleva adelante el Consejo Nacional de Prevención y Seguridad Ciudadana. Mencionó que actualmente se trabaja en niveles como la prevención, con políticas dirigidas a la población vulnerable como los jóvenes y las mujeres.
“Es importante que se fortalezca el poder popular con el acompañamiento y la asesoría para que las comunidades puedan elaborar proyectos”.
También está el nivel de intervención donde se discute el tema del desarme de la población. “En Venezuela se cree que la posesión de armas permite la resolución de problemas como la inseguridad. Es importante entender además que el problema de la seguridad no compete exclusivamente al Ministerio de Interior y Justicia, sino que es un problema de Estado porque todas las instituciones tienen responsabilidad en el tema”.
En la intervención se discute sobre el control de drogas, el sistema judicial y los pactos de convivencia. “Es necesario, para recuperar la armonía, que respetemos los códigos de convivencia para la resolución de conflictos y la aplicación de la justicia de paz”.
AL SERVICIO DEL PUEBLO
La PNB tiene 2.418 oficiales que están desplegados en cuatro áreas geográficas de la parroquia Sucre de Caracas que comprende Los Flores, Pérez Bonalde, bulevar de Catia, Los Frailes, Altavista, carretera vieja Caracas-La Guaira, Gramovén, Cortada de Catia, Nuevo Horizonte y Nueva Tacagua.
El comisario Luis Fernandez anunció que a partir del 1° de septiembre, estará presente en otras tres áreas de la parroquia que comprende Boquerón, Isaías Medina Angarita, El Amparo, Lomas de Urdaneta, y Casalta 1, 2 y 3.
Destacó que el trabajo de los funcionarios no es sólo garantizar la seguridad ciudadana, sino servir de puente con el Gobierno nacional para la solución de problemas. “La PNB ejerce su autoridad obedeciendo al pueblo, por tal razón, trabajamos con los consejos comunales que son la forma inicial de gobierno. Tenemos un funcionario asignado por cada consejo comunal, que escucha planteamientos y luego se hacen los enlaces con la Alcaldía de Libertador, el Gobierno del Distrito Capital y los ministerios para buscar soluciones”, dijo.
El objetivo es “generar un sistema policial de confianza y preventivo, con características humanistas donde existen principios como el respeto a la vida”.
En la parroquia Sucre la PNB ha estrechado lazos con 201 consejos comunales.
DESPLIEGUE
El comisario Luis Fernández informó que entre julio y agosto, gracias a labores de inteligencia, han sido detenidas 55 personas en el Metro de Caracas implicadas en delitos como robo, hurto y actos lascivos. De éstas, 30 integraban bandas delictivas y 25 actuaban de manera individual. El funcionario dijo que en el subterráneo se han desarticulado 13 grupos hamponiles que operaban en estaciones como Plaza Venezuela, La Hoyada y Gato Negro. A partir del 1° de septiembre se incorporarán 526 oficiales a la seguridad del Metro de Caracas, que trabajarán conjuntamente con 416 funcionarios de la Guardia Patrimonial del subterráneo. Adelantó que en este sistema de transporte se ofrecerá el servicio de recepción de denuncias penales. Mientras que a partir del 15 de septiembre, 814 oficiales de la PNB estarán en las vías rápidas como las autopistas Francisco Fajardo, Valle-Coche y Cota Mil. El patrullaje será reforzado con recorridos en helicópteros. Según el director de la región central, César Molina, la PNB atenderá, antes que finalice el año, en los municipios Sucre de Miranda, Girardot de Aragua y Valencia de Carabobo.
En septiembre, 1.500 oficiales egresarán de la tercera cohorte de la UNES, mientras que en octubre comenzará la cuarta cohorte. “Nuestra función no es sólo garantizar la seguridad, sino hacer diagnósticos comunitarios para determinar, por ejemplo, la cantidad de niños que no están escolarizados o las condiciones de la vivienda. Actualmente coordinamos, junto a los consejos comunales, actividades recreativas, deportivas y culturales”, acotó Molina.