El Gobierno argentino acudirá a la Corte Suprema para dilucidar un fallo este miércoles que declara constitucional a la ley de medios, pero que a su vez inhabilita un acápite que beneficia -sostiene- a la corporación Clarín.
La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal dictaminó que los artículos 161, 41 y 45, sobre los que se desató fuerte debate, se ajustan a la Constitución, pero decretó inconstitucional un inciso del 45, referido al límite de las licencias.
De hecho, remitió su decisión de la Corte Suprema para que dictaminara sobre la constitucionalidad de su decisión.
Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), una agencia del Gobierno, calificó el veredicto de tramposo en declaraciones al Canal 5.
«Como es obvio que la ley es constitucional, la Cámara se ocupó de declarar inconstitucional acápites (del artículo 45) para beneficiar al grupo Clarín», se quejó el presidente de Afsca.
El poderoso grupo Clarín, propietario de periódicos, canales de televisión y estaciones de radio, además de otros medios publicitarios, ve esa ley como un estorbo a sus jugosos negocios en este sector, y se opuso tajantemente a esa legislación propuesta por el Ejecutivo.
De hecho, lanzó una acérrima campaña para desvirtuar la esencia de la ley de medios, como ahora hace contra la reforma judicial que presentó el Gobierno al Congreso de la Nación donde actualmente se debate.
En un fallo unánime, los tres miembros del tribunal declararon constitucional el plazo de adecuación de un año establecido por el artículo 161, y las normas de transferencia de licencias del 41.
Además de la potestad del Estado de distribuir el espectro radioeléctrico, explicó la agencia de noticias Télam.
En cambio, consideraron inconstitucional el tope de licencia de canales de cable fijado en el artículo 45, que establece la cantidad o tope de licencias de medios audiovisuales que puede poseer una persona física o ideal.
Ahora, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia, instancia final en el largo proceso sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lleva casi cuatro años de sancionada por ambas Cámaras del Congreso.