La Procuraduría General de Colombia inhabilitó para ejercer cargos públicos por un periodo de 18 años a la senadora Piedad Córdoba por la presunta promoción y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según se revela en algunos documentos encontrados en las computadoras que fueron decomisadas en el campamento donde fue asesinado en el año 2008, el segundo al mando de la organización rebelde, Raúl Reyes.
La información fue dada a conocer por los medios de comunicación neogranadinos, quienes reseñan que de acuerdo a la institución colombiana, la senadora liberal, vocera de la organización Colombianas y Colombianos por la Paz, supuestamente fomentó y ejecutó «actos tendientes a la formación o subsistencia de grupos armados al margen de la ley».
Así como también, ayudó a «promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos», según lo contemplado en el Código Disciplinario Único de la nación suramericana.
Según el texto de la acusación, la dirigente liberal se extralimitó en sus funciones autorizadas por el Gobierno de Álvaro Uribe, cuando debía gestionar el intercambio humanitario, al mantener comunicaciones con la fuerza beligerante, entre los años 2007, 2008 y 2010, y prueba de ello, fue la identificación que se logró hacerle con los seudónimos de Teodora, Teodora de Bolívar, la Negra, en los documentos sustraídos de las computadoras.
Además, según las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, se logró establecer que la senadora emitió consejos a las FARC para que no enviaran videos de personas secuestradas por el grupo insurgente «a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos»
También se le acusa de instruir y solicitar a las FARC para que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países.
Así mismo, se le culpa de efectuar declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo», indica la Procuraduría.
La senadora Piedad Córdoba ha liderizado las distintas misiones para llevar a cabo las liberaciones unilaterales por parte del grupo guerrillero de varios retenidos a través del diálogo y bajo la autorización del Gobierno colombiano desde 2008.