La corrupción ha sido un problema moral y criminal que no ha permitido un manejo eficaz y eficiente de las instituciones del Estado; la Administración Pública es uno de los entes más golpeado por la corrupción desde los inicios de la democracia. Durante los años 80 esta situación exacerbó la violación de derechos y garantías, siendo el detonante de reacciones populares y militares que dieron paso a la gloriosa refundación del Estado.
Ahora bien, en Venezuela la corrupción ha recibido un trato más legal que moral y político, y quizás sea esta la razón por la que no terminamos de reducirla. De manera inmediata esta conducta ha sido catalogada como ilegal, una forma particular de crimen en el ámbito de la Administración Pública.
Por tal razón, es importante destacar, haciendo uso de la doctrina, que la corrupción es también una conducta antidemocrática y antiética, por lo que no se puede combatir únicamente desde la amenaza de la pena como recurso efectivo.
No es suficiente atacar la corrupción aisladamente a través del castigo, como lo hizo la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (1982).
Es importante, entonces, determinar que el cumplimiento de las transformaciones estructurales de la Administración Pública, de lo político y del sistema de justicia penal, para evitar la impunidad (lo que no significa represión) facilitaría un combate seguro.
Sin perjuicio de lo anterior, las leyes anticorrupción, sin duda, son una acción directa contra la conducta criminal; sin embargo, el que sean altamente represivas no asegura que se corrijan las desviaciones de la Administración Pública.
Actualmente, contamos con un marco constitucional y con un marco legal (Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley sobre el Estatuto de la Función Pública, entre otras), en el que se establecen de manera clara valores y principios que llaman a ejercer el poder público con transparencia.
Siendo más específicos, las normas en materia de corrupción vigentes, tipifican delitos y definen un marco preventivo que puede ayudarnos de manera inmediata. Entonces, posiblemente el problema que seguimos padeciendo es la deficiente aplicación de este marco legal, en parte por la complejidad del fenómeno y sus variadas causas, lo cual debe ser evaluado por los poderes del Estado venezolano.