La Federación Panhelénica de Personal Docente e Investigador (Posdep) envió este martes una carta al primer ministro, Antonis Samarás, para advertir del colapso de las universidades públicas si se materializa la expulsión de mil 500 de sus trabajadores.
Posdep consideró inaceptable que se elimine a una parte tan importante de la plantilla, pues ni existe exceso de personal, ni la universidad puede funcionar de un día para otro con 40% menos de sus empleados sin que se produzca el colapso.
En el caso de la Universidad de Atenas, que ayer anunció la suspensión de sus actividades, se perderían 498 puestos, quedando 839 personas para servir a 65 mil estudiantes y hacerse cargo de 34 departamentos.
En la carta se decía que, tras los drásticos recortes presupuestarios de los últimos años, no es posible reducir aún más los recursos teniendo en cuenta que se venía trabajando con un ratio de alumnos-empleados muy inferior a los estándares internacionales.
Igualmente se denunciaba que el plan realizado por el gobierno no se ajustó a ningún estudio de evaluación de las funciones administrativas, docentes y de investigación que se llevan a cabo en los universidades.
Posdep demandó una reunión de alto nivel para debatir la situación de la enseñanza superior y la eliminación de los recortes de personal, teniendo en cuenta que el correcto funcionamiento de las universidades «es el motor de crecimiento más importante que tiene que utilizar a la sociedad griega a salir de la crisis».
Por su parte la conferencia de rectores se reunió este martes con algunos de los principales partidos de la oposición para trasladarles su preocupación ante la incapacidad para llevar a cabo sus labores académicas en el caso de concretarse los planes gubernamentales.
Los responsables de la universidades denunciaron el rechazo del Ministerio de Educación al informe realizado por ellos sobre criterios, funciones y métodos de evaluación, y cuyo resultado mostraba un déficit en lugar de un excedente de personal.
«Es evidente que se trata de una violación flagrante de la autoridad que la Constitución consagra a las universidades», aseguraron los rectores, pues la ley estipula que que «el Estado debe proveer a las universidades los recursos, los medios y el personal necesario para funcionar».
Por tal motivo, anunciaron la utilización de todas las vías legales a su alcance para evitar unas medidas claramente anticonstitucionales.
Los líderes de la principal fuerza opositora Syriza, Alexis Tsipras, y del Partido Comunista de Grecia, Dimitris Kutsubas, acusaron al ejecutivo de querer acabar con la universidad pública facilitando la tarea a las privadas.
Los brutales recortes, tanto en financiación como en plantillas, buscan el deterioro de la educación superior pública para facilitar a los propietarios de instituciones privadas que llenen el vacío provocado por la política gubernamental, pues por méritos es algo que no está en sus manos conseguir.