Un tribunal francés dictará hoy sentencia contra los responsables de la empresa Poly Implant Próthéses (PIP) por la fabricación de prótesis mamarias adulteradas que pusieron en riesgo la salud de miles de mujeres.
El fundador y director de la firma, Jean Claude Mas, y cuatro de sus colaboradores, están acusados de engaño agravado y estafa y enfrentan penas de hasta cuatro años de prisión y multas que oscilan entre 50 mil y 100 mil euros.
La PIP produjo y vendió durante años cientos de miles de implantes elaborados con un gel destinado a uso industrial, en lugar del autorizado para fines médicos, con el propósito de disminuir sus costos e incrementar sus ganancias.
Estos artefactos fueron comercializados sobre todo en Europa, América Latina y Estados Unidos y, de acuerdo con los más recientes cálculos, unas 300 mil mujeres son portadoras en la actualidad.
Tras descubrirse que presentan el doble de roturas respecto a otras marcas fueron retiradas del mercado en 2010 y las autoridades médicas recomendaron a las féminas extraérselas para evitar riesgos.
En Francia unas 17 mil mujeres se sometieron ya a la operación y de los casi 30 mil implantes retirados, más de siete mil 500 presentaban anomalías.
Los problemas más frecuentes detectados fueron las roturas, con cuatro mil 599 casos, seguido de la transpiración del gel no homologado a través de la envoltura, lo cual provocó reacciones inflamatorias en los tejidos y dolores.
Al menos 74 portadoras desarrollaron cáncer en el país galo, pero no se ha establecido un vínculo directo entre las prótesis PIP y este padecimiento.
Cientos de personas fueron convocadas este martes para reunirse frente al tribunal de la ciudad de Marsella donde aguardarán el veredicto en el juicio contra Mas, quien también enfrenta otros procesos, uno por lesiones involuntarias y otro por bancarrota fraudulenta.
El 14 de noviembre un juzgado de la ciudad de Toulon acusó por este mismo caso a la empresa alemana certificadora de medicamentos y productos de salud TUV, porque durante años aprobó la calidad de las prótesis PIP y contribuyó así a su venta en más de 60 países.
Los magistrados consideraron que esa firma faltó a sus obligaciones de control en perjuicio de miles de personas, a las cuales deberá pagar una indemnización.