La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un plazo de tres días al Gobierno colombiano para ofrecer información sobre el fallo de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde bogotano, Gustavo Petro.
En un comunicado fechado la víspera, la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abu-Mershad, solicitó respuesta a tres preguntas relacionadas con las medidas cautelares (de protección) solicitadas por Petro, tras aclarar que el plazo para recibir la información expira mañana.
Las interrogantes planteadas son las siguientes: situación actual de los procesos tramitados por los solicitantes, los recursos judiciales disponibles y la posición del Gobierno ante las medidas cautelares presentadas.
Esta es la primera respuesta de la Comisión a la solicitud de Petro.
De acuerdo con los códigos jurídicos, las medidas cautelares se otorgan cuando un individuo perteneciente a un país adscrito al Sistema Interamericano de Derechos Humanos demuestra que está en riesgo inminente de daño irreparable.
Al referirse al tema, el exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán explicó a periodistas que el requerimiento de la CIDH es el primer paso para establecer si se aplican, o no, esas medidas en en el caso del alcalde mayor de la ciudad.
La Comisión tiene plena competencia para hacer ese tipo de requerimientos, precisó, y el Gobierno no podrá negarse a entregar la información. Para dar trámite a la solicitud de Petro, la CIDH tiene la potestad de buscar la información que requiera con vistas a adoptar una decisión pertinente, agregó.
A su juicio, se trata de un primer paso de gran importancia. Si la Comisión no hubiera considerado viable la solicitud del Alcalde, la habría rechazado de inmediato, pero no lo hizo y la está tramitando, explicó.
Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional Carlos Gaviria manifestó que «lo más elemental es que el Gobierno atienda los requerimientos de la CIDH porque son totalmente legítimos».