El próximo lunes el Ministerio del Poder Popular para Servicio Penitenciario iniciará el plan cambote administrativo en 11 estados del país, con el propósito de atender los problemas y fortalecer la actuación del organismo en los reclusorios.
La información la suministró la ministra Iris Varela, quien detalló que la actividad se llevará a cabo en las seis regiones penitenciarias de adolescentes y en las ocho regiones del sistema penitenciario de adultos identificadas como andina, llanos, centro occidental, capital 1 y 2, central, nororiental y suroriental.
Específicamente, las acciones se desplegarán en el INOF de Los Teques en el estado Miranda, en la cárcel Tocorón de Aragua, la comunidad penitenciaria de Coro en Falcón, centro penitenciario Los Llanos, internado judicial de Anzoátegui, La Pica de Monagas; Rodeo 1, 2 y 3 de Miranda, cárcel de Mérida, Guárico, Apure y en las entidades de atención al adolescente en conflicto con la ley situadas en Distrito Capital.
ATENDER INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
La ministra puntualizó que durante el despliegue se atenderá los problemas de infraestructura, administración, recursos humanos y seguridad de las sedes administrativas y penitenciarias.
Además, se optimizarán los espacios de la Guardia Nacional Bolivariana, como los destacamentos y comandos.
Varela indicó que el año pasado promovió reuniones con los directores regionales y de centros penitenciarios con el propósito de hacer un diagnóstico de funcionamiento para la detección de las debilidades, las fortalezas y los logros.
En la ejecución de las obras participarán los empleados administrativos y los obreros, así como los custodios. Además, se seleccionaron a los reclusos que fueron organizados en cuadrillas “para que se sumen a las reparaciones menores”.
Apuntó que el ministerio cuenta con 13 talleres de servicios generales como carpinterías, 12 herrerías, bloqueras y seis talleres de servicios automotrices.
Informó que el mobiliario de las sedes administrativas serán reparados por los privados de libertad, y los muebles inservibles serán desincorporados.
REFORMAS
La ministra Varela señaló que el gobierno bolivariano ha hecho reformas al Código Orgánico Procesal Penal (Copp) para garantizar el cumplimiento de las penas: “Dejamos en el pasado esos beneficios que se otorgaban alegremente”.
Indicó que la última reforma se hizo hace un año y establece las excepciones y los beneficios para las personas incursas en delitos graves como los homicidios, los delitos que atenten contra la libertad como el secuestro; contra la integridad y la dignidad sexual, el tráfico de drogas, legitimación de capitales, delitos con multiplicidad de víctimas, contra el sistema financiero, la delincuencia organizada, violaciones graves contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, delitos contra la nación y crímenes de guerra.
Explicó que, de acuerdo al artículo 488 del Copp, una persona acusada de algunos de estos delitos puede recibir beneficios al cumplir con tres cuartas partes de la pena. Recordó que en la Cuarta República, un privado de libertad sentenciado a 30 años de prisión podía ser beneficiado con 7,5 años recluido: “Además, se sumaba la redención para restar tiempo de reclusión”.
Actualmente, un reo sentenciado a la pena máxima debe cumplir con el 75% de la pena, es decir, 22 años de presidio.
Dijo que el ministerio ha sido enfático en combatir el retardo procesal y en garantizar los derechos procesales. Agregó que la reforma del Copp se hizo con la intención de aportar tranquilidad a los ciudadanos y contribuir con la pacificación en el país.