Durante los sucesos violentos luego de las elecciones|A juicio hombre acusado por muerte de dos personas en La Limonera

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el enjuiciamiento de Carlos Omar Serrano López (36), por su presunta vinculación con la muerte de José Luis Ponce (45) y de Rosiris Reyes (44), ocurrida en el municipio Baruta del estado Miranda, durante los hechos de violencia del pasado 15 de abril, un día después de la pasada elección presidencial.

En la audiencia preliminar, la fiscal 147º auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Briceida Morales, ratificó la acusación contra Serrano López por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal.

En ese sentido, el Tribunal 41º de Control del AMC admitió la acusación y las pruebas presentadas por la fiscal y, en consecuencia, ordenó el enjuiciamiento del hombre.

Adicionalmente, la referida instancia judicial mantuvo la medida de privación de libertad contra Serrano López, quien permanece recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro.

El pasado 15 de abril, en horas de la noche, Ponce y Reyes se trasladaban a bordo de dos motos por el sector El Triángulo de Monterrey y se dirigían hacia la urbanización La Limonera.

Serrano López se encontraba en el mencionado sector junto a un grupo de personas que manifestaba por los resultados electorales, cuando presuntamente efectuó varios disparos.

Ponce recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte de manera inmediata, mientras que Reyes resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció el pasado 17 de abril.

Ante las diligencias de investigación, Serrano López fue detenido en la madrugada del 19 de abril, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en Cagua, estado Aragua, en atención a una orden de aprehensión existente requerida por el Ministerio Público y acordada por la mencionada instancia judicial.

Fuente/Ministerio Público