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Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para nueve oficiales de la brigada motorizada de la Policía del estado Bolívar, por su presunta responsabilidad en la extorsión al hijo de un comerciante.
El hecho delictivo se originó el pasado 5 de junio en la urbanización Villa Africana de Puerto Ordaz, municipio Caroní del referido estado.
Durante la audiencia preliminar, el fiscal 1º del segundo circuito del estado Bolívar, Jairo Chacón, ratificó la acusación contra los funcionarios Harly Flores Velásquez (32), Erick Correa Palma (30), Alexis Rafael Díaz (37), Cristóbal Silva Salinas (23) y Jorge Pérez Ugas (28), por ser coautores de la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, robo agravado, desvalijamiento de vehículo automotor, privación ilegítima de la libertad y asociación para delinquir.
Mientras que se mantuvo la acusación como cómplices necesarios de los mencionados delitos contra los funcionarios Joshua Morales Rojas (25), Énride Maza Sifontes (41), Jonnhatan López Mendoza (24) y Alberto Piñero Muñoz (25).
Estos delitos están previstos en las leyes Contra la Extorsión y Secuestro; Sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores; Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y en el Código Penal.
Una vez evaluados los medios de prueba presentados por el fiscal del caso, el Tribunal 2º de Control de Puerto Ordaz ordenó el enjuiciamiento de los nueve funcionarios policiales, quienes permanecerán recluidos en el Centro de Coordinación Policial Brisas del Orinoco, en Ciudad Bolívar.
El pasado 5 de junio en la urbanización Villa Africana de Puerto Ordaz, una comisión de la brigada motorizada de la Policía del estado Bolívar detuvo a un joven, quien es hijo de un comerciante en la mencionada ciudad.
La víctima fue trasladada al Centro de Coordinación Policial Los Olivos, donde le desvalijaron su vehículo y lo despojaron de la cantidad de 15 mil bolívares en efectivo y una prenda de valor.
Desde allí, los policías se comunicaron telefónicamente con el padre del joven para solicitarle 500 mil bolívares por su liberación. De lo contrario, amenazaron con incriminarlo en un hecho punible relacionado con drogas.
El joven estuvo detenido ilegalmente entre las 9 y 11 de la noche, hora en la que su progenitor llegó a la citada estación policial con un cheque por una suma inferior a la exigida, motivo por el que acordaron un nuevo encuentro.
Ante la situación, el comerciante denunció el hecho en el Ministerio Público, por lo que el pasado 9 de junio se coordinó con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) una entrega controlada de dinero, entre el padre de la víctima y los policías involucrados en la sede del aludido centro de coordinación policial.
A tales efectos, los funcionarios de la GNB se presentaron en el sitio sin uniforme, pero dos de los agentes de la Policía de Bolívar intervinieron desenfundando sus armas, lo que impidió la acción judicial.
En consecuencia, al día siguiente, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión al referido tribunal de control, la cual se ejecutó cuando los nueve policías regionales fueron aprehendidos en el Centro de Coordinación Cachamay.