Un tribunal chileno ordenó este martes “prisión preventiva” para 16 personas acusadas de ser miembros de una red de prostitución infantil, dedicada desde hace 19 años a ofrecer los servicios sexuales de menores con edades comprendidas entre 12 y 17 años, en la ciudad de Santiago.
El juez del undécimo juzgado de Garantía de Santiago, Leonardo Varas, tras una maratónica segunda jornada de audiencias que comenzó el pasado viernes, dictó la medida por considerar que existen antecedentes suficientes para imputar a 16 de los 19 detenidos, además de establecer un plazo de 90 días para la investigación.
Durante este lapso de tiempo, los imputados -cuatro mujeres y 12 hombres- serán trasladados a un centro penitenciario para cumplir prisión preventiva, ya que el Juez estimó que “representan un peligro para la sociedad”.
Los imputados son Diego Méndez, excandidato a alcalde por la Democracia Cristiana; el productor de TVN Jaime Román, Jiu Jing Tang, Sonia Vásquez Luci, Yin Chang Wan, Enrique Manzur Manzur, Julia López Lazcano, Marisol Mejías, Patricio Matus, Genaro Fernández, Ana Rosales, el dibujante Guido Vallejos, Jorge Chiong Pedraza, Daniel Opazo, Gastón Ramírez y Pablo Soto Landa.
Según el Tribunal, la red funcionaba en dos apartamentos ubicados en el centro de la ciudad, los cuales habían sido habilitados como prostíbulos clandestinos.
Todos los detenidos son acusados por “obtención de servicios sexuales de menores”, delito por el cual enfrentan pena de presidio. Sin embargo, Julia López y Enrique Manzur también son imputados por “tenencia ilegal de municiones”.
Asimismo, a Genaro Fernández se le suma el delito de “almacenamiento de pornografía infantil”, por poseer 772 fotografías y 10 videos de menores de edad en actos de connotación sexual.
De acuerdo con las investigaciones, la red funcionaba desde 1993, y se presume la participación de al menos otras cuatro niñas menores de 18 años en la red, aunque no descartan la colaboración de más menores.
La investigación judicial, bautizada como ‘Operación Heidi’ por la Policía, se extendió por cuatro meses y contempló la utilización de extensas escuchas telefónicas. Según la Fiscalía los acusados se enfrentan a penas que van desde 341 días hasta 15 años de cárcel.