Ayer (lunes) las afectadas y los afectados por el caso de presunta estafa del concesionario automotriz La Venezolana exigieron una reunión con el vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, para conocer la respuesta oficial y definitiva sobre su indemnización.
La petición la hicieron a las afueras de la sede de la Vicepresidencia de la República, en Caracas. Desde las 8:00 am se concentraron en el lugar y trancaron ese tramo de la avenida Urdaneta para protestar.
Nelson Figueroa, miembro de la comisión de afectados, informó que “el jefe de Seguridad y el asistente del vicepresidente” salieron a atenderlos. Según dijo, se mantuvo una conversación telefónica” con una vocera de la Vicepresidencia que habría manifestado que “no había la posibilidad de entrega de vehículos y que iban hacer los análisis para la entrega de dinero”.
QUIEREN DIÁLOGO DIRECTO
Delman Utrera, también miembro de la comisión, indicó que no asumirán como oficial la respuesta recibida. A su juicio, “la decisión oficial no las tiene que dar directamente Jorge Arreaza, pero que no nos siga teniendo en esta espera”.
Recordó que las negociaciones a través de la junta ad-hoc designada para el caso se han extendido por casi un año. Comentó que durante la última conversación “se planteó la indemnización por medio de los vehículos y la reunión final con el vicepresidente, que era el encargado de subir eso al presidente Nicolás Maduro”.
Utrera señaló que previamente se había acordado una reunión con el vicepresidente para el 15 enero. Luego les informaron que sería postergada para el día 30. Sin embargo, indicó, el encuentro tampoco se realizó en esa fecha.
Ante esa situación, explicó Utrera, “nosotros tomamos la decisión de venir hasta acá y exigir la reunión. Creo que es responsabilidad del Vicepresidente pronunciarse al respecto”.
Utrera enfatizó que confían en Arreaza. No obstante, reiteró que “el vicepresidente debe decirnos sí o no, y nosotros sabremos cómo organizarnos. Pero es publico que él dijo que íbamos a ser indemnizados; que los que quisieran el vehículo o el dinero lo tendrían”.
Recordó que las más de 7 mil estafadas y estafados no solo han resultado afectados económicamente, sino también psicológicamente. Comentó que en su caso él entregó 418 mil bolívares de su liquidación para poder adquirir una camioneta y trabajar.
EVALUAR LA PROPUESTA
Figueroa comentó que “tenemos esperando tanto tiempo y es la primera vez que nos insinúan una negativa respecto a lo que se ha venido hablando”.
En este sentido, consideró que hay que evaluar detalladamente toda propuesta antes de tomar una decisión: “Tenemos que analizar si hay un subsidio por parte del Estado, cuál va a ser el cálculo para la indemnización, si va a ser con intereses y saber qué dice la junta administradora sobre cuánto quedó de capital del concesionario”.
Recordó que muchos de los afectados cancelaron de contado. Asimismo, planteó que hay que “hacer un análisis basado en los estamentos contables, en los libros y que demuestren que cantidad de dinero quedó en activo para decidir si realmente el porcentaje de devolución nos conviene”.
DESILUSIÓN
Cecilia Ramos, otra de las afectadas que asistió a la concentración de ayer, dijo sentirse “desilusionada”. Lamentó “que tengamos que venir a las calles a reclamar nuestro derecho; somos 7 mil afectados y esto es una falta de respeto”.