Siguiendo las declaraciones de Dante Rivas, quien está haciendo esfuerzos por agilizar los procedimientos administrativos en las instituciones del Estado, queremos aportar un grano de arena.
Centenares de personas acuden al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), los rechazan y comienzan una peregrinación por Miraflores, Vicepresidencia, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo.
Son personas que trabajaron en empresas constructoras, textileras, manufactureras, vigilancia, entes del Estado, las cuales desaparecieron en años anteriores.
El procedimiento es absolutamente injusto, pues la persona debe demostrar con documentos probatorios que efectivamente trabajó en esos lugares.
Además, debe acudir a las oficinas de impuestos de las Alcaldías y solicitar la constancia de empresa no contribuyente, luego llena un formato denominado Declaración Jurada de Empresas Desaparecidas.
Al final, la mayoría de ellos pierde el derecho a la pensión por vejez que le otorga el sistema de seguridad social.
Lo correcto es invertir la carga de la prueba, puesto que el IVSS tiene un archivo histórico en el que puede verificar la veracidad de los datos aportados por las ciudadanas y los ciudadanos.
De esa forma, el organismo puede validar las cotizaciones causadas por el trabajador, aunque el empleador no haya cancelado el aporte patronal.
Igualmente, se incurre en violación de derechos cuando se le niega a las personas introducir los documentos cuando la empresa o ente estatal está morosa con el IVSS.
El IVSS está obligado a recibir los documentos y abrir el procedimiento de fiscalización y cobro establecido en la ley. O en todo caso, propiciar convenios de pagos programados para la cancelación de la deuda acumulada.