El diputado de la Asamblea Nacional, Augusto Montiel, advirtió que los dueños de las constructoras responsables de estafar a cientos de familias venezolanas, deben pagar con cárcel sus delitos, y enfrentar sanciones legislativas y penales.
“En primer lugar es necesario explicar a todas las venezolanas y venezolanos que este proceso no concluye aquí; por el contrario, apenas comienza. Ya el presidente Hugo Rafael Chávez Frías dictó una serie de medidas administrativas de nacionalización y ocupación inmediata en 14 conjuntos residenciales ubicados en los estados Miranda y Carabobo, y en el Distrito Capital, pero ahora empieza el proceso legislativo y penal”, sentenció.
Algunos delitos tipificados en la Constitución Bolivariana, la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Comercio son usura, especulación, fraude económico y financiero, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda y especulación financiera e inmobiliaria.
Montiel aseguró que algunos personajes vinculados con estas empresas han sido detenidos por la comisión de delitos de estafa y usura, pero gracias a los tentáculos de sus mafias, lograron fugarse.
CARTELES COMO LOS DEL NARCOTRÁFICO
Estas “son grandes y poderosas mafias con tentáculos colocados en diversos escenarios públicos del país. Estafan de manera continuada, lo que agrava el delito. Son verdaderos carteles, como los del narcotráfico», enfatizó.
Montiel, presidente de la subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular de la Asamblea Nacional, explicó que, gracias a la intervención de esta subcomisión parlamentaria, se logró articular de manera coordinada con las afectadas y los afectados, y concretar acciones ordenadas por el Presidente de la República.
“Se puso de manifiesto la contraloría y corresponsabilidad social. Llevamos más de cuatro años de lucha, pero en los últimos meses ésta fue más intensa. La expropiación y ocupación inmediata es sólo el inicio, porque no vamos a descansar hasta que los dueños de estas pseudo-empresas estén tras las rejas. Ellos delinquen para su usufructo; amenazan y extorsionan al débil jurídico y no cumplen con la responsabilidad social que les exige la sociedad. No tienen visión de relación con la sociedad”.
Los dueños de estas empresas “estudian las leyes, pero sólo para conocer la manera de violarlas. Los colegios profesionales y las cámaras de la construcción son agrupaciones de profesionales que no gozan del respeto de la sociedad y que se han convertido en reductos de privilegiados económicos y de poder”, aseveró.
Estos entes además, trabajan con el dinero de las asociadas y los asociados, y en muchos casos, con créditos del Gobierno.
DIFERENTES MODUS OPERANDI
Montiel explicó que estos fraudes se conocen desde hace más de ocho años, cuando se destapó el caso de los créditos indexados, el de las cuotas balón y el de los vehículos.
A su juicio, las constructoras privadas que operan de esta forma se encargan de pervertir el mercado inmobiliario, elevar los precios y burlarse de la compradora y el comprador.
“El cobro disfrazado del IPC no es el centro del problema, sino un ‘pote de humo’ para distraer la atención del comprador; el verdadero problema es la estafa llevada contra el desarrollo nacional”. Ahora, añadió, “los compradores dejaron de ser pacientes, incautos y dominados. Estas empresas se han convertido en nidos para violar las leyes y estafar, y hacer dinero a partir de la usura”.
El parlamentario dice que hay por lo menos 25 mil familias afectadas en todo el país. Nadie debe renunciar a los derechos que tiene con el contrato que ha firmado, recordó; nadie debe ceder ante presiones e intentos de extorsión. “El intento de cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) es ilegal, y no puede ser utilizado para incrementar los costos de la vivienda. Eso no volverá a suceder. El precedente ya fue sentado”, confirmó.
Otro de los aspectos que comentó el diputado fue la utilización de la amenaza y coacción por parte de estas empresas, las cuales suelen citar a los compradores en oficinas aisladas en las cuales les informan que, de negarse a realizar los pagos adicionales, perderían todo lo aportado.
“Esta gente realiza transferencia de condiciones de un contrato a otro sin mayores explicaciones. No ofrecen fechas reales de entrega, y mucho menos, explicaciones del por qué de los aumentos. Son autoritarios y déspotas. Apuestan a la necesidad de vivienda de las compradoras y los compradores. Definitivamente no construyen: ellos destruyen”, destacó.
El diputado comentó que la Asamblea Nacional está trabajando para evitar que casos como éstos se repitan en los diferentes estados del país. Explicó que la convivencia social exige el cumplimiento de los deberes de cada sector. Las leyes serán implacables contra quienes las violenten.
“Hoy, la República Bolivariana de Venezuela garantiza el cumplimiento de la Constitución para toda la sociedad, sin importar su tolda política, nivel social o creencia. Estamos para legislar para el pueblo, para todas las venezolanas y todos los venezolanos. En la actualidad, como nunca antes, se ejercen y cumplen las leyes”, acotó.
“Los delincuentes y malandros que conforman estas mafias no deberían sentirse confiados, porque vamos tras ellos; sus delitos no quedarán impunes. Existen derechos económicos y cada mujer y hombre de este país goza de ellos, por lo que los vamos a hacer respetar. Las diputadas y los diputados salvaguardamos el bienestar de las venezolana sy los venezolanos; no podemos tolerar que la economía esté de un lado y la sociedad de otra”, concretó.