Activistas e inmigrantes protestaron el viernes frente a la Casa Blanca y a la Corte Suprema para pedir protecciones diversas a inmigrantes no autorizados en Estados Unidos.
Unas diez organizaciones con sede en la capital estadounidense pidieron con pancartas ante la Casa Blanca que el Departamento de Seguridad Nacional detenga inmediatamente las deportaciones de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que vienen a Estados Unidos sin documentación, huyendo de la violencia generada por el crimen organizado.
Carlos Mauricio, integrante de la Red Nacional de Salvadoreños en el Exterior, dijo que inició al mediodía de viernes un ayuno de 48 horas junto a otra decena de personas para solicitar también que el gobierno estadounidense conceda protección temporal, conocida por sus siglas en inglés TPS, a centroamericanos que llegaron a Estados Unidos buscando asilo.
«Denuncio que las deportaciones violan el derecho de los niños estadounidenses a tener una familia, a crecer junto a sus padres», dijo el maestro de escuela de 63 años de edad.
Legisladores demócratas y activistas de diversos sectores han criticado al gobierno del presidente Barack Obama por arrestar a 121 inmigrantes centroamericanos sin autorización durante un operativo nacional realizado el primer fin de semana del año.
El secretario de Estado John Kerry anunció esta semana que el gobierno facilitará a ciertos centroamericanos en situación vulnerable su solicitud de estatus de refugiado.
Previamente, docenas de activistas e inmigrantes se habían congregado el viernes frente a la Corte Suprema para pedir a los magistrados que admitan una demanda interpuesta por 26 gobernadores republicanos contra una medida del presidente Barack Obama para proteger de la deportación y conceder permisos de trabajo a unos cinco millones de inmigrantes sin autorización.
«Pido a la Corte Suprema que no nos dé una bofetada ni de la espalda a millones de niños estadounidenses que nos necesitan», dijo Maya Mendoza, un ama de casa 33 años quien junto a su esposo también mexicano podría beneficiarse del amparo migratorio porque ambos tienen una hija de siete años estadounidense por nacimiento.
«Levanto mi voz con fuerza soñando que la Suprema Corte saque del miedo a millones que estamos al borde de la deportación», agregó.
El gobierno de Obama pidió en noviembre a la Corte Suprema que revise el fallo emitido en octubre por un tribunal de circuito, el cual impidió la implementación de los beneficios migratorios anunciados por el mandatario en noviembre del 2014.
Un total de 218 congresistas demócratas interpusieron en diciembre un documento conocido en la jerga jurídica como amicus curiae para expresarle al máximo tribunal su opinión de que Obama tiene la autoridad para proteger de la deportación a cinco millones de inmigrantes no autorizados a través de acciones ejecutivas.
El calendario indicado por la Corte Suprema le permitiría escuchar argumentos de ambas partes en abril y emitir una decisión en junio, cuando a Obama le restarán apenas siete meses en la Casa Blanca.