El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció este sábado un aumento del Bono de Desarrollo Humano de 35 a 50 dólares mensuales para las familias más pobres a partir de enero de 2013, con una erogación de 323 millones de dólares.
Durante su informe sabatino a la ciudadanía, esta vez desde el poblado pesquero de Posorja en la zona rural de Guayaquil, Correa dijo que hace tiempo quería hacerlo y denunció el doble discurso de precandidatos opositores al coincidir en ese aumento a 50 dólares.
Recordó mediante videos el anterior rechazo del banquero Guillermo Lasso a lo que llamó subsidios del gobierno, en contraste ahora, como precandidato del opositor partido CREO, con su oferta de aumentar el bono a 50 dólares mediante la disminución de la propaganda de la obra pública que sólo asciende a 12 millones.
Aclaró Correa que, como ahora hay consenso en el aumento del Bono de Desarrollo Humano (BDH), éste se financiará con los 300 millones de dólares que ganó la banca el año pasado los cuales serán traspasados a los más pobres y tendrá un tremendo impacto redistributivo.
Siempre hemos dicho que la transferencia monetaria no resuelve la pobreza, pero la mitiga, comentó el mandatario y advirtió a los banqueros que no les guste financiar este incremento del bono, que hablen con el gobierno para comprarles su banco.
El BDH lo recibe mensualmente un millón 912 mil 240 ciudadanos, de los cuales un millón 220 mil 730 son mujeres que fungen como cabezas de familia, unos 600 mil adultos mayores y 115 mil personas con discapacidad, según el Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES).
Este programa de transferencia de recursos económicos dirigido a los hogares más pobres para garantizarles una alimentación básica está condicionado a la inversión en educación y salud, y exige a sus beneficiarios incorporar a sus hijos al sistema educativo y realizar los programas sanitarios preventivos.
Los beneficiarios directos del BDH son los ecuatorianos en situación de pobreza y vulnerabilidad, quienes acceden al bono a través de las diferentes entidades bancarias, mediante una inversión anual del Estado que alcanza en la actualidad los 484 millones de dólares.