El Ministerio Público, en coordinación con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, logró la privativa de libertad de once gerentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA) vinculados con el desfalco multimillonario en la Faja Petrolífera del Orinoco, informó este jueves el fiscal General de la República, Tarek William Saab.
Durante una rueda de prensa, el máximo titular del Ministerio Público señaló que los detenidos -quienes ejercían funciones gerenciales en Petrozamora y Petropiar- establecían contratos empresariales con sobreprecios de hasta el 10 mil por ciento.
«En el caso de Petropiar, fueron detenidos el pasado 24 de octubre, 4 ciudadanos, los cuales eran gerentes encargados de las compras para la atención de emergencia. Carlos Humberto Pereira, Carlos Armando Bello Romero, Luis Alberto Olivier Torres, Abraham Valentino Venzama», detalló.
El fiscal General de la República señaló que estos sujetos otorgaron contratos de compra de bienes y servicios y adjudicaciones directas sin licitación. Además, beneficiaron a empresas que cobraron con sobreprecio a cambio de grandes comisiones, causando así pérdidas millonarias al país.
Respecto a Petrozamora, el fiscal General de la República precisó que fue registrada una pérdida de «15 mil 700 barriles diarios, que suman más de 15 mil barriles acumulados desde 2015 hasta el 2017».
Saab también anunció la detención de Orlando Chacín, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Petróleo, quien incurrió en peculado doloso y daños a la industria petrolera con siniestro.
Comentó que empresarios involucrados en este y otros casos se encuentran prófugos de la justicia y están residenciados en Estados Unidos, por lo que el fiscal exhortó a autoridades de ese país a cooperar con la justicia venezolana.
«No debe ser Estados Unidos un lavadero de este dinero que ha salido de forma indebida de la nación venezolana», señaló.
Finalmente, el fiscal General de la República enfatizó que en apenas ocho semanas se han ejercido estas medidas de privativa de libertad, lo que en diez años no hizo la antigua gestión del Ministerio Público.