Delegados de universidades públicas y privadas, asociaciones de magistrados y de abogados, más representantes de ONGs, comenzarán este lunes a debatir el proyecto para un nuevo Código Penal en Argentina.
El debate que se realiza a nivel nacional lo convocó la Comisión Multipartidaria que redactó el anteproyecto de reforma a los códigos Penal y Comercial, encabezada por el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni.
Ese panel tomó la decisión luego que la anunciada iniciativa comenzó a ser criticada por políticos opositores quienes secundados por la gran prensa hegemónica agitaron a la opinión pública en torno al tema de la seguridad ciudadana en el país, convertido ya en cuestión de campaña electoral.
La apertura formal del período de revisión del proyecto del código Penal se prevé este lunes en la noche en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde hablarán los miembros de la comisión redactora León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y MaríÂ�a Elena Barbagelata.
También se espera un breve discurso de carácter institucional por parte del ministro de Justicia, Julio Alak.
Además, el anuncio del inicio del debate público reunirá a los rectores universitarios y decanos de facultades de Derecho del país.
De esta forma, las universidades públicas y privadas de todo el país, a través de sus facultades de Derecho, en un lapso significativo -probablemente de 90 días- estudiarán en detalle el texto y podrán realizar críticas, observaciones y propuestas.
El Ejecutivo esperaba que el Congreso de la Nación comenzara a debatir el proyecto a más tardar en marzo, pero debido al revuelo mediático y del ala política opositora, optó por realizar este debate nacional, tal como hizo con la Ley de Medios en busca de un consenso general de apoyo.
El actual Código Penal viene recibiendo parches y zurcidos desde su promulgación en 1921. Se calcula que tuvo unos 900 cambios impulsados por climas de opinión, recuerda el diario Página 12.
El más radical fue el de las llamadas «leyes Blumberg», que terminó de desbalancear la proporcionalidad entre las penas por los distintos delitos. Algunos de ellos contra la propiedad tienen hoy una pena igual o mayor a delitos contra la vida, señala ese periódico.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández encomendó en 2012 a un grupo de especialistas que provienen de distintas extracciones partidarias la redacción de un anteproyecto de reforma a ese precepto, con la finalidad de crear una armonía entre sus distintas partes.