Todas las personas naturales y jurídicas que requieran realizar cualquier trámite o procedimiento en la Superintendencia Nacional de Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) primero deben inscribirse ante esta institución, como lo establece la normativa, informó la superintendenta Ana Marina Rodríguez.
Ante las pretensiones de la Asociación de Propietarios de Inmuebles (Apiur) de tomar las instalaciones de Sunavi, la superintendente rechazó tales agresiones y ratificó la vigencia de la normativa sobre arrendamientos: “Esta es una estrategia de la derecha con motivo de las coyuntura electoral por las elecciones municipales que se avecinan”.
En su criterio, hay grupos interesados en “atacar las instituciones de la Revolución que garantizan los derechos de los inquilinos y su derecho a la vivienda. Nosotros como institución no podemos ir en contra de la legislación que nos creó. Hemos legislado en contra de los desalojos arbitrarios, algo que no hizo ningún gobierno de la Cuarta República”, enfatizó la superintendente.
Indicó que la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, en vigencia desde noviembre de 2011, le otorga a la Sunavi la potestad de decidir todo lo concerniente a la relación arrendatario-arrendador y la oposición política pretende derogar esa legislación.
“El Gobierno Bolivariano garantiza la asistencia gratuita que antes era potestad de un defensor privado, el cual exigía grandes cantidades de dinero que el inquilino no disponía. En el fondo la derecha lo que pretende es bloquear el cumplimiento de la normativa”, recalcó la servidora pública.
El organismo está afinando los detalles del sistema en línea que permitirá consultar en línea el expediente, sin necesidad de acudir a la institución para verlo y saber la marcha de los procedimientos.
EXISTEN REFUGIOS
Rodríguez desmintió que Sunavi no haya dispuesto de refugios o viviendas para el inquilino obligado a entregar el inmueble arrendado. “Cuando los jueces nos solicitan los espacios, nosotros lea respondemos que tenemos la disponibilidad y les facilitamos la dirección donde se van a trasladar los grupos familiares. Nosotros estamos dando cumplimiento a eso y la derecha lo sabe, pero su afán es el de incumplir la ley”, recalcó.
La superintendenta ratificó que la normativa no vulnera el derecho a la propiedad del arrendador, por eso se estableció el Sistema de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda que es de obligatorio cumplimiento y si no se hace pudiera establecer multas hasta mil unidades tributarias.
Aunque no especificó el número de inscritos aseguró que funciona normalmente, al igual que el Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (Savil) que funciona conjuntamente con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), entidad que administra los fondos que cancelan los cerca de 30 mil inquilinos que antes pagaban a través de los tribunales (pagos de consignación tribunalicia).