El Juzgado de Garantía de Panguipulli decretó la medida de arresto domiciliario total en contra de Juan Guillermo González Iturriaga, funcionario de Carabineros que dio muerte a Francisco Martínez, un joven artista callejero en la comuna de la región de Los Ríos, en un crimen que indignó a todo el país.
Al contrario a lo que se esperaba, y pese a los detalles proporcionados, Fiscalía calificó el hecho sólo de “homicidio simple”, pidiendo arresto domiciliario para el aún uniformado.
Pasadas las 20H00 horas de este lunes, el juez desestimó los argumentos querellantes y decretó arresto domiciliario total para el carabinero acusado de homicidio simple del joven artista durante un control de identidad en Panguipulli, región de Los Ríos.
En la audiencia de formalización desarrollada en el Juzgado de Garantía de Panguipulli, el juez descartó violencia innecesaria del imputado y disparo injustificado, considerando además que el funcionario policial fue agredido por el malabarista.
El fiscal Juan Agustín Meléndez señaló durante la formalización que el carabinero efectuó seis disparos, repitiendo en varias ocasiones que eso fue un acto “innecesario”, reflejando el abuso del uso de la fuerza.
Dando detalles de cómo resultó muerto el artista, el persecutor reveló que el sexto disparo, directamente al pecho, fue el que le ocasionó la muerte instantánea.
Tal como se pudo observar en el video que se viralizó esta jornada, en ese balazo, la víctima ya se encontraba herida y reducida en el piso, por lo que volvió a repetir la palabra “innecesario”.
Tras el receso por almuerzo, tocó el turno del abogado Rodrigo Román, quien pidió que Fiscalía modifique su decisión de formalización, calificando el hecho como “homicidio calificado” contra Juan González Iturriaga, debido a que la víctima no contaba con medios para defenderse y el disparo mortal sucedió cuando ya estaba reducida.
“Este fue un alevoso y horroroso crimen. El último balazo fue directo al corazón, desproporcionado e innecesario. Esto es un agravante específico para calificar esto de homicidio calificado/alevoso”, prosiguió Román.
Sin embargo, ante el fallo la parte querellante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de apelación verbal, puesto que ellos habían solicitado la prisión preventiva y fue descartado por el juez de garantía.
De momento, independiente de esta medida dictaminada, el imputado se mantendrá en la unidad policial, dado que es considerado un peligro para la sociedad.
El Tribunal de Panguipulli definió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación de la muerte del malabarista.
El crimen
El 7 de febrero un carabinero asesinó a Francisco Martínez Romero, un joven malabarista en la ciudad chilena de Panguipulli, a 720 kilómetros al sur de Santiago. El oficial utilizó su arma de fuego. Los sables usados por Martínez Romero eran únicamente para fines artísticos y no tenían filo. Según el testimonio de una testigo recogido por el periódico chileno Resumen, el carabinero primero disparó a los pies del joven y después al pecho. La Justicia dispuso que el imputado, cuya identidad se mantiene en reserva, quede detenido.
“Tiene un disparo en el pecho con salida del proyectil, lo vi, no me lo contaron” relató la testigo, que también es enfermera y auxilió a joven asesinado en la calle. Según el testimonio de la enfermera, el carabinero que disparó y los demás oficiales que estaban en la zona escaparon inmediatamente. “Carabineros ni siquiera cortó el tránsito de los vehículos”, afirmó. Con la ayuda de los amigos de Francisco Martínez, lograron llevar el cuerpo que estaba en la calle a una vereda donde la enfermera intentó reanimarlo.
De acuerdo con Resumen, la fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios para que realice las gestiones respectivas en el lugar. Mientras que la comisaría 5 de Panguipulli -la misma que integra el carabinero que disparó a Francisco Martínez Romero- no ha hecho ninguna declaración. Tras el asesinato, pobladores montaron barricadas y fueron reprimidos por Fuerzas Especiales de Carabineros.
Las protestas fueron en el centro de Panguipulli y derivaron en incendios de edificios públicos. De acuerdo al portal de Radio Bío Bío, fueron afectados por las llamas la Municipalidad de Panguipulli, el Departamento Social Municipal, Correos de Chile, ChileAtiende, el Registro Civil, Juzgado de Policía local, Essal y Recursos Humanos de la Municipalidad, así como también hubo un intento de saqueo contra una sucursal del Banco de Créditos e Inversiones (BCI). Como saldo de los incendios, también se registraron tres bomberos heridos.
Detención
La Justicia chilena dispuso que el imputado, cuya identidad se mantiene en reserva, «quede detenido» hasta el lunes cuando la Fiscalía presente las acusaciones en su contra y se inicie la investigación del caso.
Mientras que la Policía respaldó al uniformado al argumentar que utilizó su arma en «legítima defensa», el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ordenó una investigación profunda de los hechos y condenó los incendios en edificios públicos.
«Lamentamos profundamente que un operativo policial termine con la muerte de una vida humana», expresó Delgado.
En el mismo sentido, el alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, manifestó a los medios de comunicación que Francisco era «una persona pacífica» que se encontraba en situación de calle y lamentó la actuación de la Policía.
Ola de críticas
Los hechos despertaron una ola de críticas en la oposición y en las organizaciones de derechos humanos, que reiteraron la urgencia de refundar el cuerpo policial, al tiempo que en las redes sociales las etiquetas #PacosAsesinos (nombre despectivo y popular con el que se conoce a los Carabineros) y #NuevaPolicíaParaChile fueron dos de las más compartidas.
«Dijimos que Carabineros actúa con intención de dañar, eso debe detenerse. Que se debe romper la tradición de impunidad, incluyendo toda la línea de mando. Que es necesaria una reforma profunda y estructural. Lo de Panguipulli muestra una vez más que teníamos razón», indicó en Twitter la directora en Chile de la ONG Amnistía Internacional, Ana Piquer.
El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó agregó que «es de suma importancia que el uso de la fuerza sea racional y proporcional».
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, que generaron denuncias generalizadas contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.