La Asamblea Nacional (AN) tiene previsto reunirse la próxima semana con diferentes instituciones del Estado para analizar las propuestas entregadas por la Red Metropolitana de Inquilinos y la Asociación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Avacu), con el objetivo de discutir y avanzar en una solución posible a los desalojos forzosos que se práctican en el país, así lo dio a conocer Dario Vivas, primer vicepresidente del parlamento.
Vivas informó que al encuentro serán invitados los representantes de la Fiscalía General de la República, Tribunal de Supremo de Justicia (TSJ), Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda.
“Vamos a actuar con celeridad para evaluar en conjunto las propuestas consignadas por las bases organizadas. Los desalojos forzosos se han convertido en un drama para unas 500 mil familias en el país”, resaltó el parlamentario.
Manifestó que desde la Asamblea Nacional se está estudiando la posibilidad de emitir un decreto de orden nacional para evitar esta práctica y proteger a las familias, ya que » divide a sus integrantes y los obliga a poner en riesgo sus bienes, al ser trasladados a depósitos». Al respecto, destacó que han recibido denuncias de algunos desalojos que violan ciertos ordenamientos legales y decretos emitidos por algunas Alcaldías.
Por su parte, Ana María Rodríguez, integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, señaló que unas 5 mil familias de la Gran Caracas han sufrido desalojos al no aceptar el cobro ilegal de mensualidades exorbitantes.
En este sentido, invitó a los inquilinos afectados a reunirse todos los lunes a las 5 de la tarde en el piso 3 de la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), en Caracas, para plantear soluciones al caso.
También indicó que participarán en la reunión con los organismos del Estado para exponer la situación de miles de venezolanos que son víctimas del cobro exagerado de mensualidades.
Rodríguez precisó que la idea no es violentar los derechos de quienes arriendan inmuebles, sino “establecer condiciones equilibradas para que se respeten los derechos de ambas partes”.