El diputado Mario Isea, presidente de la Comisión Mixta que investiga los hechos sobre los contenedores de alimentos vencidos localizados en Puerto Cabello, indicó que pedirán a la presidenta de Pdval, Virginia Mares, información sobre el mecanismo y data de compras, almacenamiento y distribución de insumos en el referido organismo.
Señaló que con la información a recabar estudiarán la posibilidad de emitir una serie de recomendaciones para blindar el mecanismo usado hasta ahora y así evitar vulnerabilidades que pudieran promover sucesos como los ocurridos.
Señaló que esta productora y distribuidora junto a Mercal, cumplen con la misión de llevar alimentos a la mayoría de los venezolanos que antes no recibían este beneficio a bajos precios y citó como ejemplo de esta tarea, el trabajo desempeñado en las Casas de Alimentación, lugares donde unas 900 mil personas comen diariamente, aproximadamente, con tendencia al alza de 15 a 20 por ciento de comensales.
El parlamentario explicó que mantener los volúmenes de distribución por parte de Mercal a precios subsidiados «es una labor algo encomiable», responsabilidad que complementa Pdval desde el 2008. Acotó que el servicio que presta este organismo también está destinado a la clase media con el suministro de alimentos a precios regulados.
Detalló que la investigación a PDVAL se reducía a un hecho concreto, dado el volumen alto que manejaba la institución, por lo tanto, los alimentos vencidos representaban una cifra relativamente moderada, situación que indicaba la existencia de fallas en el procedimiento, por lo tanto debían corregirse.
Dijo que en el seno de la instancia legislativa coinciden en castigar cualquier irregularidad administrativa de manera proporcionalmente a la falta cometida; y en caso que hubiere dolo sancionarlo de acuerdo a las leyes penales.
Sostuvo que lo esencial era mantener el alto nivel de suministro de PDVAL con mejora de los procedimientos para evitar se repitieran en el futuro hechos como los denunciados.
Detalló que solicitaron expedientes a la Fiscalía General de la República, así como al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).