El expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, Carlos Gaviría, aseguró este jueves que el Marco Jurídico para la Paz debe ser declarado constitucional “con algunos condicionamientos”, como un nuevo paso en esta etapa para conseguir la paz en ese país suramericano.
“Es necesario escuchar muchas opiniones (…) Esta es la vía correcta, a través del diálogo”, apuntó Gaviría.
Asimismo, destacó que “no se puede pensar que la única justicia es la penal, todos necesitamos que la justicia mejore en beneficio de la paz, lo que luego se revertirá en beneficio para la justicia”.
La Corte Constitucional de Colombia evalúa este jueves este instrumento legal, que busca regular procesos de desmovilización, y su eventual aplicación si el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firman en La Habana un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado.
Tras la aprobación del acto legislativo en el Congreso colombiano en junio de 2012, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo cuestionó tres expresiones del texto que a su juicio podían dar pie a que delitos cometidos por actores del conflicto quedaran en la impunidad.
Por este motivo, en diciembre pasado presentaron una demanda ante la Corte para declararlo inconstitucional, lo que llevó al tribunal a convocar la audiencia que comienza este jueves y en la que forma excepcional participa el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para defender este marco legal.
Según los demandantes, el pilar fundamental sustituido es el deber del Estado colombiano de garantizar los derechos humanos y en consecuencia investigar, juzgar, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
De igual manera, argumentan que, al no investigar a todos los que cometieron graves violaciones de los derechos humanos, el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana puede caerse por futuras demandas de víctimas.
El origen de la controversia está en los principios de «priorización» y «selección» que contempla el Marco Jurídico para la Paz para investigar los delitos cometidos por miembros de grupos armados ilegales como guerrillas y paramilitares, así como agentes del Estado durante la confrontación armada.
Esto implica que la Justicia colombiana definirá el orden en que será revisado cada caso y los legisladores determinarán contra quiénes se procederá penalmente y a qué actores se les concederá la renuncia a la persecución penal por ser menos responsables.
El Gobierno, que fue promotor de la iniciativa antes de que se dieran a conocer sus negociaciones con las FARC, ha argumentado que investigar y procesar a los responsables de 304 mil hechos denunciados tomaría unos 100 años.
Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, han rechazado públicamente este marco legal.
MARCO LEGAL NO ES SOLO LA SOLUCIÓN
Más tarde, varios abogados coincidieron en que esta normativa no debe representar un hecho para solucionar el problema del conflicto armado de manera ligera y sin mayores sanciones, sino un contexto legal que garantice a las víctimas el acceso a los tribunales penales del país.
El exhorto fue hecho luego que la abogada Natalia Springer, recordara que en la mayoría de los casos las autoridades de ese país han tomado las leyes transitorias como normas ordinarias aumentando así la impunidad de la criminalidad.