La vorágine neoliberal y capitalista que hoy está presente en la sociedad de consumo venezolana abarca todos los niveles incluyendo el educativo, donde universidades, colegios e instituciones de educación privada abren sus mandíbulas para devorar el poco dinero que aun queda en los bolsillos de los padres y representantes. La misma lógica del libertinaje capitalista que se observa en panaderías, fábricas, ventas de repuestos, ventas de hortalizas y víveres, etc. la vemos en los centros que forman parte del Subsistema de Educación.
Conceptos inexplicables surgen de la noche a la mañana y son reflejados, si acaso, en las estructuras de costos que los administradores o contadores presentan a representantes atónitos. Cualquier monto tiene como justificación la “situación país”, condicionante que cercena la posibilidad de queja porque hay que ser muy insensato para negar la “situación país”. Cobro de reservas de cupos, multas por pagos retardados, inscripciones en dólares, doble facturación, cobro de servicios que no se prestan en los centros educativos y un sinfín de argucias contables para sacarle mas dinero a quienes no manejan la jerga de los números.
La legislación venezolana es clara y establece el marco jurídico para ponerle coto a la usura de quienes hacen de un derecho un negocio. La Educación está garantizada en nuestra Carta Magna, pero a continuación coloco un compendio de leyes y artículos que nos ayudan a la hora de velar por ese derecho para nuestros hijos en instituciones privadas: Ley Orgánica de Educación (LOE) en sus artículos N° 6-1e, 6-2i, 25 y Disposiciones Transitorias Primera–2 y 3; el Reglamento de la LOE en sus artículos N° 57, 60, 72 y 139; la Lopna en sus artículo números 147-g y 186.
Norma fundamental a la hora de señalar irregularidades cometidas por los centros educativos privados en aumentos de matrículas y similares es la Gaceta Oficial N° 40.452, del 11 de julio de 2014: Resolución 114 del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Hay que leerla toda y aprendérsela pero destacan los artículos números del 1 al 6, pero sobre todo el Art. 17.
La educación es un derecho, no una mercancía para que alguien se haga rico a costa de la necesidad de los demás. Nuestro deber como ciudadanos es velar por el respeto de las leyes que existen y protegen a nuestros niños y jóvenes, al futuro de nuestra Patria.