La defensora Pública General, Susana Barreiros, sostuvo este miércoles que la institución ha trascendido de lo jurídico a lo social, para contribuir en un sistema más justo y humano, a fin de garantizar el derecho a la defensa de todos los ciudadanos.
“En el año 2000 nace la Defensa Pública institución que se constituiría en el ente encargado de garantizar el sagrado derecho a la defensa, y en el acceso a la justicia de forma gratuita y expedita, con una gestión totalmente autónoma sin ningún tipo de subordinación a otro órgano o Poder del Estado”, precisó.
En este sentido, destacó que el ente cuenta con funcionarios especializados en todo el territorio Nacional en diversas competencias. “En la parte penal ordinario, penal municipal, especial de delitos de violencia contra la mujer, responsabilidad penal del adolescente, especial policial, penal ejecución de sentencia, indígena, agraria y pesquera, civil y administrativa, entre otras”.
Asimismo, enfatizó que los defensores pueden actuar ante las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), consagrando la debida protección y garantía de los derechos humanos.
De igual forma, mencionó otras competencias destacadas por su innovación. “La penal policial, esta materia se encarga de que defensores públicos especialistas en materia policial, defiendan al funcionario que de una u otra manera pudiera verse incurso en un hecho punible, siendo asistido tanto en la parte penal como administrativa administrativa”.
Barreiros también indicó que gracias al nombramiento de defensores indígenas, se les asegura los derechos a los sectores vulnerables. “Venezuela es uno de los pocos países para no decir que el único que cuenta con la defensa de los indígenas, nuestra institución es garante de todos los derechos humanos que representan a los ciudadanos hasta la última instancia del proceso judicial”.
Finalmente, reiteró que los defensores públicos ante el TSJ, defienden los derechos de aquellas personas que lo requieran de una manera gratuita e integral.