La Cámara de Diputados de Bolivia, aprobó este martes un proyecto de Ley corta para realizar una consulta previa a los habitantes originarios del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y confirmó la suspensión de los trabajos para el segundo tramo de una carretera que atraversaría esa región amazónica decretada por el presidente, Evo Morales, el pasado 26 de septiembre.
La norma deja sin efecto la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (norte) y al mismo tiempo queda declarado el Tipnis como zona de preservación ecológica y conservación de interés primordial del Estado.
El presidente de la Cámara Baja, Héctor Arce, detalló a la prensa que luego de un largo debate, finalmente se aprobó el proyecto de ley en la madrugada de este martes, el cual deberá pasar a la Cámara de Senadores para su correspondiente discusión y sanción.
De acuerdo con el texto legal el proyecto de ley declara al Tipnis «zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas tsimane, yuracaré y mojeño trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado boliviano».
Arce agregó que el instrumento jurídico fue trabajado «conjuntamente con algunos diputados y ha tenido una mayor participación de apoyo de los compañeros indígenas en la marcha», que partió el pasado 15 de agosto de la ciudad de Trinidad (norte) rumbo a La Paz en rechazo a la construcción de la vía terrestre por considerar que generaría daños a sus tierras.
En ese sentido, el presidente de la instancia legislativa de Bolivia resaltó que el proyecto de ley recoge de manera «absolutamente clara» el sentimiento y la demanda de los sectores nativos.
Héctor Arce explicó que uno de sus artículos establece la suspensión de la construcción del tramo segundo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que uniría a los departamentos de Beni (norte) y Cochabamba (centro), “hasta que exista una consulta previa en base a la Declaratoria de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
«Es decir, se abre la posibilidad legal, el hecho legal de la consulta en la medida que han pedido los movilizados y se suspende cualquier construcción», enfatizó el presidente de la Cámara de Diputados.
Arce insistió que los siete artículos que recoge la norma, se ajustan «exactamente con el planteamiento de los sectores que se encuentran movilizados».