Durante la semana que concluye, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia condenó a 10, 11 y 15 años respectivamente a cinco exjefes militares y a tres años a dos exministros por el caso genocidio, donde el principal responsable, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada sigue prófugo en Estados Unidos.
El juicio de responsabilidades por la denominada masacre del 2003, con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos, se inició hace ocho años con la primera denuncia presentada ante el Fiscal General de la Nación.
El 17 de octubre de 2003, miles de vecinos bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas de Sánchez de Lozada, como las de exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879. La revuelta lo obligó a renunciar y se refugió en Estados Unidos, seguido de algunos de sus ministros, como Sánchez Berzaín, Berindoague y Añez.
El fallo puntualiza que todos los sancionados deben cumplir la sentencia en el penal de San Roque de Sucre, la capital de la nación pluricultural.
Con respecto a la solicitud realizada con anticipación al gobierno de Estados Unidos (EE.UU) para extraditar al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, principal responsable de la masacre de 2003, el Fiscal General de Bolivia, Mario Uribe reiteró este sábado que la misma continúa sin ser atendida y condenó al país norteamericano por su falta de cooperación.
Uribe precisó que tanto el expresidente como los extitulares de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín; el de Hidrocarburos, Jorge Berindoague; y Guido Añez, de Agricultura, aparecen con notificación roja en listas de la Policía Internacional (Interpol).
En marzo de 2007, tanto Sánchez de Lozada como sus cercanos colaboradores fueron declarados rebeldes y contumaces por la justicia boliviana.
Sin embargo, la condena es vista por organizaciones sociales como débil debido a que la fiscalía había solicitado para todos los implicados la pena máxima en Bolivia, que significa 30 años sin indulto.