Hoy en Washington se analizará, con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, la libertad de expresión en Venezuela.
En Estados Unidos nuevamente están “seriamente preocupados” por decisiones internas de la República Bolivariana de Venezuela.
La orden de captura contra el empresario Guillermo Zuloaga, dueño de la empresa de noticias Globovisión, fue tildada por el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, como “el último ejemplo del ataque continuado del gobierno de Venezuela a la libertad de expresión”.
El imperio estadounidense parece tener un doble rasero en esta materia. “Lidera la lista de gobiernos que presionan a las autoridades para censurar servicios y entregar información personal de los usuarios de Google”, de acuerdo con la nueva herramienta lanzada por el buscador este año.
Google publicó en abril un desglose, por país, de las demandas gubernamentales recibidas por la empresa en los últimos seis meses del año pasado.
Brasil encabeza la lista, con 3.663 pedidos de información; Estados Unidos es el segundo, con 3.580 peticiones, y el Reino Unido figura en el tercer puesto, con 1.166, especificó el portal.
Venezuela, nación atacada constantemente por los centros de poder de la derecha mundial, no figuró en la lista divulgada por Google.
La Nación Bolivariana ocupa el primer lugar en América Latina en el acceso a Internet, con 53% de la población, precisó recientemente el presidente Hugo Chávez.
Latinobarómetro, una empresa encuestadora internacional cuya sede principal se ubica en Chile, divulgó que el promedio de acceso a internet en América Latina es de 35%.
Para el año 2000 sólo 820.000 personas eran usuarias del servicio en Venezuela. En el año 2009 este número subió a 7.552.570 personas, según cifras oficiales aportadas por el Ejecutivo Nacional. El incremento representa un 900%.
LA DERECHA CONSPIRA
La audiencia sobre “Libertad de Prensa en las Américas”, en la que se analizará el tema de Venezuela, se llevará a cabo en el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos.
Marcel Granier, dueño de empresas 1BC y una de las figuras de la derecha radical venezolana, será el testigo que describirá la situación del país. A Granier lo acompañarán como ponentes Joel Simon, director Ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas; Ana Marcia Aguiluz Soto, abogada del capítulo Honduras del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); y Eduardo Enríquez, editor del diario La Prensa (Nicaragua).
La audiencia se realizará inmediatamente después de una sesión especial con la relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, según se puede leer en el portal electrónico del Subcomité del Congreso estadounidense.
Granier ha retado en reiteradas ocasiones al Gobierno Nacional, y se opone a cumplir con la Ley de Responsabilidad Social para Radio y Televisión que se aprobó en 2004 y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones vigente en el país desde el 2000.
En enero del presente año, Granier tildó de inconstitucionales las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional, que originaron que las cableoperadoras retiraran del aire a RCTV Internacional.
“Son (las acciones) discriminatorias, injustas, arbitrarias”, se quejó Granier, cuya voz se propagó por la red de empresas trasnacionales de difusión.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones basó su decisión en un estudio que concluyó que 24 canales (de radio y televisión) operaban como empresas internacionales, aun cuando su programación es 94 por ciento hecha en Venezuela.
“Aquí no hay privilegiados”, explicó Diosdado Cabello, presidente de Conatel. “Esos canales deben cumplir con la Ley de Responsabilidad Social”, agregó.
NOTICIA TERGIVERSADA
En el mundo, las trasnacionales de difusión divulgaron la información de manera tergiversada. Omitieron que fueron las cableras las encargadas de sacar de las grillas de programación a RCTV Internacional.
“Oposición venezolana condenó cierre de RCTV Internacional”, tituló el diario El Tiempo de Bogotá, Colombia. El diario español El País publicó: “Venezuela se moviliza contra el zarpazo de Chávez a la libertad de expresión”.
La Cancillería francesa, en aquella oportunidad, expresó su “preocupación” por la decisión de las autoridades venezolanas y pidió que “den marcha atrás rápidamente” y se garantice “el pluralismo de la información”, de acuerdo con el reporte de una agencia internacional de noticias.
“Esperamos enérgicamente que las autoridades venezolanas den marcha atrás rápidamente a su decisión”, indicó el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores francés, Bernard Valero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la acción “profundiza el deterioro del derecho a la libertad de expresión” en Venezuela.
Ninguna de estas trasnacionales o entes de la derecha mundial publicaron que la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu), la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones (Asotel), la Asociación de Cables de Televisión (Acatel) y la Cámara Venezolana de las Telecomunicaciones (Cavetel) informaron, a través de un comunicado, que excluyeron temporalmente de su programación a varios canales porque no estaban cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
“Exhortamos a los referidos servicios de producción nacional audiovisual a dar cumplimiento inmediato a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y sus Normas Técnicas, a fin de poder restablecer su servicio en nuestra grilla de programación”, decía el comunicado difundido públicamente.
ESTRATEGIA REITERADA
La estrategia de las empresas de comunicación privadas siempre ha sido la de deslegitimar al Gobierno Nacional y toda su política interna y exterior.
En agosto de 2009 el Gobierno Bolivariano decidió recuperar las concesiones de 34 radioemisoras que violaron las leyes venezolanas. De inmediato, la prensa nacional tergiversó el hecho noticioso y describió al ejecutivo como “un régimen dictatorial que violenta la libertad de expresión”, tal como lo demostró un análisis de contenido elaborado por el Frente de Comunicadores Socialistas del Zulia.
“El 91 por ciento de las ideas principales -en una de las muestras analizadas-fueron para deslegitimar la imagen del gobierno”, se puede leer en ese estudio. “477 líneas de la muestra analizada fueron para voceros opositores, mientras que apenas 20 le aportaron a la vocería de Gobierno. En términos porcentuales hablaríamos de 96% contra el gobierno y apenas 4% a favor”, agregó el trabajo.
“Es una práctica muy común callar la voz del Gobierno”, explicó Johana Castillo, semióloga y miembra del Frente de Comunicadores del Zulia. “Ellos (la prensa privada) publican informaciones confusas para engañar a sus lectores o lectoras”, acotó. “Es una estrategia para invisibilizar la voz del Gobierno. Así trabajan dentro y fuera de Venezuela”.
Invisibilizar el punto de vista del Ejecutivo Nacional se logra con la omisión de las fuentes o la censura de su publicación.
En el tratamiento de la recuperación de las concesiones, la muestra de prensa estudiada consultó 23 voceros, y apenas dos defendieron la postura del Gobierno. Hubo, de acuerdo con la investigación, 71 turnos de habla y sólo dos fueron a favor.
Uno de los grandes casos de manipulación informativa se dio en 2007 cuando se venció la concesión otorgada a RCTV.
En aquel momento se manipularon las emociones de las venezolanas y los venezolanos, y se generaron una serie de protestas en las principales calles del este de Caracas y otras ciudades del país. Esa situación promovió surgimiento de la agrupación estudiantil de derecha denominada “manitos blancas”.
Tres años después, la derecha internacional sigue atacando una decisión soberana.
Durante el Oslo Freedom Forum 2010, celebrado en Noruega en abril pasado, la Human Rights Foundation (HRF) publicó un video en el que el gerente general de RCTV, Marcel Granier, describió los “ataques que ha sufrido la prensa independiente en Venezuela durante los últimos años”.
Thor Halvorssen, presidente de la HRF, declaró que “el cierre” de Rctv “marcó el punto de inflexión hacia la negación total de la libertad y la democracia en Venezuela”. Halvorssen, quien estuvo preso en Venezuela por supuestos nexos con el narcotráfico y el terrorismo, dijo que había que recordar el “golpe certero contra la libertad de expresión”.
En Noruega, Granier expresó que “cualquiera que disienta del presidente Chávez es un enemigo, es un criminal”. Se espera que hoy en Washington se mantenga la misma conducta.
MEDIOS MANIPULADORES
Las empresas de comunicación social en Venezuela mantienen su discurso manipulador en cada decisión que toma el ejecutivo nacional.
En mayo de 2009 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos. Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se adelantó al ataque mediático: “Los chillidos de la oligarquía se escucharán en la luna”, dijo, en transmisión conjunta de radio y televisión.
Así, con su característico estilo, el Comandante Chávez explicó que la revolución se profundizará aún más. Por este motivo, se buscó romper los nexos laborales con empresas que tenían en su poder puntos claves en la producción petrolera.
Desde Lagunillas, en el estado Zulia, Chávez destacó una de las razones para recuperar las actividades petroleras en el Lago de Maracaibo: “Aquí, en esta zona, producir un barril de petróleo cuesta 8 dólares, y el 40% de ese dinero se iba hacia las contratistas”.
Ese caso también fue manipulado por los medios nacionales e internacionales, según demostró otro estudio semiológico titulado “Los chillidos de la burguesía en el Zulia”.
Los medios evaluados, uno de circulación nacional y otro regional, dieron como un hecho “el despido masivo y la no cancelación de las prestaciones sociales” a los trabajadores. No obstante, Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, explicó que “todos los trabajadores que laboran para las empresas sujetas a esta norma, serán absorbidos por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y gozarán de los beneficios de la convención colectiva del sector”.
“Lo que se busca con este tipo de manipulaciones es alarmar a la población para provocar que salga a la calle a protestar”, explicó la semióloga Johana Castillo. “Este tipo de informaciones alarmistas generan miedo, y el miedo genera reacciones inesperadas. Este comportamiento demuestra que aquí los medios se aprovechan de la libertad de expresión que reina en el país”.
TRAICIÓN A LA PATRIA
Otra conducta común de la derecha venezolana es declarar en contra de la patria en foros internacionales.
En marzo de este año, al empresario Guillermo Zuloaga se le abrió una investigación por divulgación información falsa y por ofensa o vilipendio al Presidente de la República. Fue detenido en Punto Fijo, estado Falcón, cuando presuntamente pretendía irse del país.
“Zuloaga habló abiertamente contra el Presidente de la República en la reunión de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y eso es un delito”, precisó el abogado Julio Latán, experto en el seguimiento de los medios de comunicación. “Hay que ver con mucha cautela estos casos que suceden nacional e internacionalmente”. Zuloaga hoy está prófugo de la justicia venezolana por otros delitos: usura agravada y agavillamiento.
En el evento de hoy en Estados Unidos, el ataque a Venezuela será frontal. Varios de los expositores han mantenido una constante ofensiva contra la Revolución Bolivariana.
Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en el 2009 el gobierno venezolano “cerró” 34 estaciones de radio y televisión privadas después de” amenazar” que revocaría las licencias de más de 200 emisoras de radio. Joel Simon, director Ejecutivo de ese comité y uno de los ponentes de hoy, emitió una carta en el año 2008 “alarmado por la ola de violencia e intimidación contra los medios venezolanos”.
“Acusaciones infundadas de golpismo por parte del gobierno en contra de los medios han agravado el problema, fomentando un clima de miedo dentro de la prensa a pocas semanas de las elecciones regionales del 23 de noviembre. Es fundamental que los periodistas puedan informar libremente sobre los problemas que enfrenta Venezuela, incluyendo el aumento de crímenes violentos, el impacto local de la crisis financiera global y la corrupción oficial. El CPJ ha documentado dos casos alarmantes en los que un canal de televisión y un periodista, ambos fuertes críticos de su gobierno, fueron atacados en las últimas semanas. En por lo menos uno de los casos, las autoridades venezolanas no condenaron el ataque”, se lee en el documento.
LIBERTAD GARANTIZADA
La derecha venezolana acusa al Gobierno de querer establecer una hegemonía comunicacional. No obstante, la mayoría de las concesiones se encuentra en manos privadas, de acuerdo con las últimas cifras divulgadas por la Conatel.
El 87,6 por ciento de las concesiones en frecuencia AM están en manos de empresas privadas. Solamente el 12,3 son públicas, precisó Conatel en su portal electrónico. En las radios con Frecuencia Modulada (FM) y en la televisión abierta la situación es similar. El sector privado se impone con un 60 por ciento en ambos sectores.
Esa monopolización de las concesiones genera una concentración económica. Entre los canales RCTV y Venevisión manejaban el 71 por ciento de la torta publicitaria venezolana, mostró el Libro Blanco de RCTV.
“La pérdida del dinero es lo que les duele a ellos”, opinó Cristina González, periodista e investigadora de la comunicación. “Acusan al gobierno de querer imponer una hegemonía comunicacional, pero la realidad es todo lo contrario. Ellos no sólo monopolizan los medios, sino la opinión”, acotó la comunicadora social.
La monopolización de la opinión se podría describir como el latifundio semántico que advierte el filósofo mexicano Fernando Buen Abad Domínguez. “La derecha mundial logró imponer una simbología. Un sistema de códigos que podríamos definir como un verdadero latifundio mediático”, explicó el investigador.
La red internacional de medios hoy se activará nuevamente. El evento en Washington se montó un día después de las denuncias que emitiera desde España el embajador venezolano Julián Isaías Rodríguez, quien rechazó el contenido de un programa “enmarcado dentro de la campaña de agresión contra el proceso revolucionario venezolano que despliegan algunos medios de comunicación españoles para manipular la realidad de nuestro país”.
El material audiovisual, titulado Los Guardianes de Chávez “persiste en agredir a Venezuela, con su reportaje profundamente sesgado”, explicó Rodríguez.
Desde Colombia, Chile y Paraguay llegan reportes de la prensa de derecha en los que se acusa al gobierno del presidente Chávez de ser un régimen dictatorial.
El vicepresidente paraguayo Federico Franco declaró recientemente que Venezuela “es un país extraordinario, pero su presidente Chávez no es democrático, precisamente porque clausura medios de comunicación”.
GOLPE MEDIÁTICO
En el año 2002, los medios de comunicación en Venezuela fueron artífices del golpe de Estado contra el Gobierno constitucional. Así lo manifestaron un día después los generales golpistas, en confesiones transmitidas por canales de televisión.
RCTV, canal que hoy defenderá su dueño, Marcel Granier, fue parte de la estrategia. Antes de la acción militar esta empresa de comunicación mantuvo un comportamiento totalmente golpista y lanzó campañas subversivas.
Tranca tu calle y Toma tu calle fueron dos propagandas para invitar a la ciudadanía a cerrar las principales avenidas de las ciudades más pobladas. Estas guarimbas fueron prácticas empleadas para romper con la cotidianidad del venezolano y venezolana.
En la pieza Usted es el único rico, este canal describe al Presidente como un “embustero” y lo culpa de usar el petróleo venezolano para “financiar un proyecto político” personal. Además, lo tilda de “fracasado y golpista”.
En La gran batalla, RCTV llamó a la guerra entre venezolanas y venezolanos. Instó abiertamente a la confrontación. Esta conducta también se observó en medios impresos y audiovisuales.
Ocho años después, las corporaciones mediáticas han mantenido su misma estrategia: necesitan salir de Chávez.
Hoy, el empresario Marcel Granier hablará en el centro del imperio mediático. Unas palabras que serán rebotadas por todas las agencias internacionales de noticias.