Los líderes campesinos del Catatumbo, al Norte de Santander, Colombia, indicaron este lunes que mantendrán el bloqueo en la zona, tras la negativa del presidente Juan Manuel Santos de aceptar el acceso temporal de camiones con alimentos.
Esta decisión del campesinado colombiano fue notificada al vicepresidente ejecutivo, Angelino Garzón, con quien se han reunido recientemente, según reseñó Telesur.
«Los campesinos decidieron visitar a sus compañeros que se encuentran ubicados en siete puntos del departamento Norte de Santander para consultarles sobre la petición del Presidente de un posible levantamiento del bloqueo de manera definitiva y estos decidieron negarse», reportó el referido medio de comunicación.
Durante el encuentro celebrado el pasado domingo, los campesinos propusieron el desbloqueo de la zona para la entrada de alimentos, con «un cese de los bloqueos a partir del martes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde (hora local), para que en ese tiempo pudieran entrar alimentos que permitan abastecer tanto al municipio de Tibú como a los municipios aledaños».
Las protestas en el Catatumbo comenzaron el pasado 10 de junio para demandar la atención del Gobierno ante el abandono de la región.
Los campesinos exigen la suspensión de cultivos ilícitos, la implementación de una Zona de Reserva Campesina, detener el desarrollo de grandes proyectos mineros en la región y la garantía de que se respeten los Derechos Humanos.
Ante esta protesta, ha habido represión militar y violación de los Derechos Humanos, por lo que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia denunció que la fuerza pública ha cometido excesos al momento de actuar.
En un comunicado de prensa, Todd Howland, representante en Colombia de la oficina de la ONU, informó que ese ente constató que «hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que habría provocado la muerte de cuatro campesinos», citó Telelsur.
A través del texto, Howland instó a la Fiscalía colombiana a esclarecer los hechos en que murieron Leonel Jácome, Edinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios; dos de ellos murieron en las protestas el 22 de junio y los otros dos el 25 de junio, en medio de la represión policial en la zona de Ocaña.
El Alto Comisionado de la ONU señala que también observó agresiones por parte de los manifestantes contra la fuerza pública. «En los hechos violentos quedaron heridos tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública, y hubo daños a la propiedad pública y privada, confinamiento a varias comunidades y cierre de vías, lo que generó una grave situación de crisis humanitaria».