Campesinos, indígenas y afrodescendientes de Colombia pidieron al Gobierno neogranadino cumplir el Acuerdo de Paz en lo relativo a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
En una audiencia pública sobre el tema, en la que participaron congresistas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), expresaron preocupación por los pocos avances en la restitución de los sembradíos de coca.
Durante el encuentro, celebrado en el Congreso de la República, el campesinado local y los legisladores de la FARC alertaron sobre la lenta implementación de lo acordado en La Habana.
Unas 120 mil familias de los departamentos del Putumayo, Nariño, Córdoba, Cauca, Arauca y de otras zonas del país firmaron los acuerdos sobre sustitución de cultivos.
«El campesinado le ha cumplido al país. Esperamos que el Gobierno nos cumpla», apuntó Álvaro Hernández, representante de los labriegos en el departamento de Arauca.
La senadora de la FARC, Victoria Sandino, aseveró que una de las principales conclusiones de la audiencia es que los campesinos ratifican su compromiso con el Acuerdo de Paz y con la restitución de cultivos, pero que hace falta conocer la voluntad del actual ejecutivo.
«Los campesinos están pidiendo que el Gobierno les responda con lo que pactaron. No basta con el subsidio, sino que es todo un programa integral que incluye otros aspectos, como la vivienda rural, la legalización de los territorios, el trato penal diferencial y la seguridad», dijo la congresista.
Por su parte, Manuel Coro, alcalde de la localidad de Orito, del Putumayo, indicó que si los Gobiernos locales, departamentales y nacional se unen se puede resolver de fondo la situación integral para que se deje de cultivar coca en el campo colombiano.
En nombre del Gobierno participó en la audiencia el viceministro de Justicia, Juan Francisco Espinosa, quien defendió la postura de la administración nacional a partir del diseño de una política integral contra las drogas.
«No se está pensando con ir a arrasar cultivos, por el contrario la política está asociada a un pilar fundamental vinculado a la transformación del territorio y el paso de la ilegalidad a la legalidad en materia de plantaciones para generar economías sostenibles», subrayó.