En el último debate televisivo antes de las elecciones del próximo 30 de mayo, la parcialidad del Gobierno colombiano hacia el aspirante oficialista a la Presidencia del país suramericano fue objeto de críticas por parte de otros candidatos presidenciales.
De esta manera, los aspirantes por los partidos Verde, Liberal y el Polo Democrático Alternativo (PDA) expresaron su desacuerdo con el ventajismo que podría ofrecer el Gobierno al candidato del oficialista Partido Social de la Unidad Nacional (de la U), Juan Manuel Santos.
Específicamente, los candidatos presidenciales de las referidas agrupaciones políticas se quejan de las intervenciones públicas del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a favor de Santos.
El aspirante presidencial del Partido Liberal, Rafael Pardo, indicó que el «único que está tranquilo» en la campaña es Santos».
Por su parte, el candidato por el Partido Verde, Antanas Mockus, que lidera junto a Santos la intención de voto según los últimos sondeos, recordó que en reiteradas oportunidades ha advertido sobre las intervenciones de Uribe Vélez en la actual campaña electoral para los comicios presidenciales que se celebrarán en Colombia el próximo 30 de mayo.
«Estamos cansados muchos del ‘todo vale’. Si la ley dice que no hay guiños del presidente en la campaña, pues no debe haber», argumentó Mockus durante el debate en el que participó junto a otros aspirantes.
Además, Mockus expresó su rechazo a la difusión de una cuña de radio para la campaña del ex ministro de Defensa Santos, en la que se escucha una voz que, imitando a la de Uribe Vélez, invita a votar por el candidato de la U.
Entretanto, el postulado por el PDA, Gustavo Petro afirmó que tanto él como su familia han sufrido una «persecución» durante el mandato de Uribe Vélez y recordó que el gobernante, en los comienzos de la campaña, dijo en alusión a él que un candidato estaba recibiendo financiación «de un Gobierno extranjero».
Sin embargo, los seis candidatos a la Presidencia de Colombia coincidieron en ofrecer apoyo a Santos ante la investigación que le sigue la Justicia ecuatoriana por su responsabilidad en el bombardeo que, en marzo de 2008, perpetraron fuerzas colombianas sobre territorio del Ecuador, cuando él fungía como ministro de Defensa de Uribe Vélez.
Durante el debate, los aspirantes consideraron que el juez Daniel Méndez, del Juzgado Primero de lo Penal de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos (noreste), donde se produjo la violación de la soberanía territorial del Ecuador por parte de fuerzas de Colombia, no tiene competencia para juzgar a Santos porque aquella acción partió de una «decisión de Estado».
El pasado lunes, este juez notificó la acusación contra Santos por su participación intelectual en el bombardeo del 1 de marzo de 2008 que perpetró la aviación colombiana, en operación conjunta con el Ejército para desmantelar un campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acción en la que fueron asesinados el número dos de ese grupo insurgente, Raúl Reyes, y otras 20 personas.
Al respecto, Mockus, señaló que la decisión de ese juez es un «sinsentido jurídico».
«Fue una acción de Estado y no puede haber condena penal a individuos», dijo Mockus, aunque dejó claro que la acción de las fuerzas de su país contra Ecuador fue «una violación al derecho internacional».
Por ello, prometió que, si llega a ser electo presidente, «Colombia pagará indemnizaciones» por aquel hecho, que llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador dos días después del bombardeo.
«La única vía es defender al ex ministro (Santos) frente a la justicia penal ecuatoriana», añadió el candidato del Partido Verde.
En términos similares se expresó Petro, quien insistió en que aquel acontecimiento «fue una violación del derecho internacional».
«En la medida que rompimos el derecho internacional la instancia no es penal, porque fue el Gobierno la instancia es internacional», resaltó el aspirante del PDA.
En tono más explícitos, la candidata conservadora Noemí Sanín, el aspirante liberal Rafael Pardo y el candidato por el Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, dijeron que, en sus eventuales gestiones presidenciales, protegerían a Santos y no mostraron cuestionamiento alguno frente a la legalidad o su apoyo a Santos, ya que además de protegerlo no cuestionaron la «legalidad» del operativo militar que dirigió como ministro de Defensa.
«Yo obviamente, en mi gobierno, daré todas las garantías al doctor Santos porque fueron razones de Estado», dijo la ex canciller Sanín.
Pardo compartió la tesis de que «la justicia ecuatoriana no tiene competencia para juzgar a Santos ni a ningún funcionario colombiano por una acción que correspondió al Gobierno», mientras que Vargas Lleras calificó aquel hecho como «un acto de Estado, aprobado por el Gobierno y respaldado por toda la nación colombiana».