La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reflejó este jueves avances en la economía digital de la región, que representa 3,2% de los recursos para Argentina, Brasil, Chile y México.
Lo significativo del dato, agrega el comunicado del organismo, está en que este indicador alcanza en los países de la Unión Europea el cinco por ciento.
La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, significó que la región debe avanzar hacia la economía digital para el cambio estructural y la igualdad.
Señaló que la infraestructura de telecomunicaciones, las industrias de tecnología de la información y de las comunicaciones forman parte de las líneas de atención para dicho desarrollo.
La nota añade que están en prioridad las redes de banda ancha, software y aplicaciones, hardware y servicios tecnológicos, junto con el grado de alfabetización digital de los usuarios como componentes de la economía digital.
La CEPAL certifica que la región debe explorar nuevas formas de colaboración y regular de manera eficiente sus economías digitales, además de buscar soluciones comunes a los múltiples desafíos, con la expansión en este sector.
Agrega el reporte, que mientras en algunos países las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) tienen un impacto positivo en el crecimiento económico, la inversión tecnológica, la estructura productiva y el comportamiento de empresas y consumidores, es más lento en otros.
Debido a esa lentitud es necesario reforzar instituciones y las políticas públicas con una visión estratégica de largo plazo, refiere el organismo.
El informe señala la necesidad de promover la economía digital para impulsar el crecimiento, lo que requiere conjugar nuevas estrategias de política industrial y tecnológica, para consolidar un mercado de TIC integrado en el que se incorporen todos los países, sectores productivos y segmentos sociales.
Este informe fue leído en la apertura de la IV Conferencia ministerial sobre la sociedad de la información, organizado en Montevideo por la Cepal mediante un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea y el gobierno uruguayo a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información.