Las autoridades educativas de la ciudad de Chicago, estado de Illinois (centro de Estado Unidos) anunciaron este jueves el cierre de al menos 60 escuelas públicas, con la excusa de “mejorar la calidad educativa” y hacer frente al abultado déficit que registran las cuentas del sistema educativo local.
El Distrito explicó que que se ahorrarán 560 millones de dólares en los próximos 10 años, mediante la reducción de la inversión en los edificios, que ahora permanecerán cerrados, así como también de los costos operativos anuales que rondan por el orden de los 43 millones de dólares.
El cierre de las 60 instituciones educativas representa aproximadamente el ocho por ciento de las 681 escuelas públicas con las que cuenta Chicago, el tercer distrito escolar más grande en el país, a las cuales asisten más de 400 mil estudiantes, siendo una gran mayoría de ellos negros o hispanos y de bajos ingresos.
Según datos oficiales, estos cambios comenzarían a darse a partir del próximo año y afectarían al menos unos 30 mil estudiantes.
La directora ejecutiva de las Escuelas Públicas de Chicago, Barbara Byrd-Bennett, justificó la medida al señalar que “al igual que el resto de los sistemas escolares en el país, donde la matrícula ha disminuido, acá en Chicago debemos tomar decisiones difíciles».
“Durante demasiado tiempo a los niños de algunas partes de la ciudad se les han negado los recursos necesarios para tener éxito, porque están en escuelas infrautilizadas y con escasos recursos», comentó.
En ese sentido, aseguró que “reduciendo estas escuelas podemos concentrarnos en llevar de manera más segura a todos los niños a escuelas con mejor calificación, más cerca de su casa».
Según el ayuntamiento local, 54 escuelas consideradas «infrautilizadas» y de «bajos recursos» se cerrarán completamente. En tanto, otras 11 serán «reubicadas» en diferentes lugares de la ciudad.
En la actualidad, Chicago cuenta con 511 plazas de estudio, de las que sólo están ocupadas 403 mil. Adicionalmente, en 140 de los 681 colegios, las clases cuentan con una asistencia inferior a la mitad del aforo completo.
En torno a esta situación, el alcalde Rahm Emanuel, alegó que «la decisión había sido retrasada durante una década, y ahora son nuestros niños y nuestra ciudad las que han tenido que pagar el precio de la inacción».
Asociaciones de padres se han opuesto a la medida, argumentando que muchos niños deberán desplazarse a escuelas fuera de sus vecindarios y temen que con ello se incremente su exposición a la violencia existente en la ciudad.