Los tres líderes políticos que integran la coalición de gobierno en Grecia acordaron este miércoles reformar el impuesto de la propiedad de la vivienda, horas antes de iniciarse en esta capital nuevas negociaciones con los prestamistas internacionales.
Tanto el dirigente del Pasok, Evangelos Venizelos, como el de Izquierda Democrática, Fotis Kuvelis, mostraron días atrás su rechazo a que el polémico tributo, creado en 2011 con carácter temporal, se siga cobrando incluido en las facturas de la electricidad.
Al término del encuentro Kuvelis informó que a partir del próximo año las oficinas de hacienda serán las responsables de recaudar su importe y también de la unificación de este junto a otros impuestos que afectan a los dueños de otros tipos de bienes inmobiliarios, tales como las tierras de cultivo.
El acuerdo será presentado a la misión de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) como un avance en materia tributaria que sirva para mitigar el imprevista caída de los ingresos estatales, que en el primer trimestre del año se redujo casi 10 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por tal motivo, el gobierno griego tratará de solicitar una moratoria de tres meses para recuperar ese retroceso y poder alcanzar los requisitos del programa de ajuste exigido por los acreedores.
Las conversaciones entre estos y el ejecutivo heleno, que darán inicio mañana, retomarán cuestiones pendientes de la última ronda negociadora relativas a la reducción de empleados públicos, recapitalización de los bancos locales y medidas para enfrentar el creciente aumento de deudores de las arcas públicas, entre otras.
La troika exige para este año un recorte de 25 mil puestos de trabajo en la administración y 150 mil para finales de 2015, así como acciones vigorosas contra los morosos tributarios.
Del resultado de las negociaciones, que concluirán probablemente el próximo 16 de abril, dependerá que el Eurogrupo apruebe nuevas entregas del préstamo financiero concedido a Grecia, por un valor total de 8,8 mil millones de euros.
Los sindicatos por su parte, advirtieron del peligro que suponen tales demandas con un nivel de desempleo cercano al 27%, y con una mayoría de hogares que solo pueden hacer frente a los gastos básicos como la alimentación o la ropa, pero que no llegan a pagar sus impuestos.
Tras seis años de recesión, y castigados por las drásticas medidas de austeridad impuestas por la troika, los ciudadanos griegos perdieron en los últimos dos años una cuarta parte de su poder adquisitivo y la mitad de ellos se muestran incapaces de hacer frente a sus obligaciones fiscales.