El Gobierno de Colombia adopta una nueva estrategia para erradicar las plantaciones ilegales, al suspender desde este jueves la aspersión aérea de glifosato, aunque continuará fumigando con el peligroso herbicida las matas de coca desde tierra.
“Este plan estaba previsto conforme con los diálogos de paz que se llevan en La Habana con las FARC, en los cuales se plantea un desarrollo alternativo rural integral en las zonas donde hoy existen estos cultivos ilícitos”, dijo el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bo Mathiasen.
La erradicación de la coca de manera manual estará supervisada por la Agencia Nacional de Sustitución de Cultivos a crearse antes de que termine el año con el apoyo de la UNODC.
El último censo de la UNODC, publicado el 31 de diciembre de 2014, cifró en 69.000 las hectáreas sembradas con coca, materia prima de la cocaína, sobre todo en los departamentos sudoccidentales de Nariño, con 25 por ciento, y Putumayo, con 20 por ciento, señaló Mathiasen.
Pero “no será necesario hacer erradicación forzosa y manual en todas ellas, ya que la idea del Gobierno es negociar con las comunidades rurales y que ellas hagan la erradicación voluntaria de sus cultivos ilícitos a cambio de apoyo por parte del Estado”, aclaró el funcionario.
SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA
El Gobierno prevé una estrategia en seis frentes: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional.
De los 1.102 municipios colombianos, solo 204 tienen cultivos de coca, y el 81 por ciento de la producción se concentra en cinco departamentos sureños, Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá y Guaviare, y en el norteño Norte de Santander.
La erradicación manual comenzará en Putumayo y Nariño, “donde hay aproximadamente 26.000 familias productoras de coca”, explicó Mathiasen.
El plan implica aumentar la inversión social para que los agricultores sustituyan sus plantaciones por cultivos legales y creen nuevos proyectos agropecuarios y redes que les permitan poner sus productos rápidamente en el mercado.
También se otorgarán títulos de propiedad sobre las tierras a los campesinos que sostengan la producción legal por más de cinco años.
“Tenemos más de 30 líneas económicas que podemos ofrecer a las comunidades, ya que mantenemos una colaboración tradicional con el Gobierno”, argumentó Mathiasen.
En su opinión, un punto importante “es la comercialización de los productos, que deben tener un mercado de consumo, ser competitivos y de buena calidad”, de modo que “puedan venderse a un precio que garantice la sostenibilidad de las familias y las comunidades”, sostuvo.