La República de Colombia debe rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que atribuye al Estado colombiano «falta de debida diligencia» para investigar y sancionar a los supuestos responsables del asesinato. Además lo acusa de «obstrucción de la justicia» y por «la falta de reparación adecuada» para los familiares de Cepeda, según una demanda presentada en noviembre de 2008.
Los siete jueces de la Corte, encabezada por el peruano Diego García, oyeron este martes los testimonios de un testigo y de dos familiares de Cepeda, cuyo crimen, el 16 de agosto de 1994, es atribuído a oficiales de las Fuerzas Armadas neogranadinas y paramilitares.
Los testimonios coincidieron en señalar las «amenazas sistemáticas» que el político recibió desde que era dirigente del Partido Comunista de Colombia, hasta llegar al Congreso bajo la bandera de la coalición Unión Patriótica.
«Hubo también amenazas al núcleo familiar y vivíamos en zozobra», afirmó María Estela Cepeda, hermana la víctima.
«Las amenazas arreciaron porque pertenecía a la Unión Patriótica, que ya era una opción de poder en Colombia», aseguró . El crimen «formó parte de un engranaje para exterminar de la faz de la tierra a la Unión Patriótica», constituida en 1985 y que agrupaba al Partido Comunista, puntualizó.
Iván Cepeda, hijo del fallecido, resaltó las «amenazas, hostigamientos y procesos judiciales arbitrarios» que sufrió su padre.
«Llevamos 16 años esperando justicia y sólo encontramos una actitud displicente. No encontramos receptividad del gobierno colombiano», agregó.
Los letrados del Estado colombiano sólo hicieron una pregunta al testigo Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista colombiano.
Por su parte, Caicedo aseguró que el homicidio fue motivado por denuncias que hizo Cepeda en contra de militares y paramilitares, quienes supuestamente habían eliminado a unos 2.500 concejales, alcaldes, sindicalistas y seguidores de la Unión Patriótica en todo el país.
La cancillería colombiana informó el lunes que el Estado ya reconoció ante la Comisión Interamericana su responsabilidad.