En un informe de una comisión de la Cámara de Representantes estadounidense se afirma que el ‘Plan Colombia’, suscrito por el país suramericano y EEUU hace 20 años, «ha sido un fracaso» en el control de la producción y el tráfico de drogas.
El documento hecho por la bipartidista Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de EEUU, que ha sido parcialmente divulgado por algunos medios, será presentado de manera oficial este jueves ante el Congreso.
En el estudio de 117 páginas, al que tuvo acceso El Colombiano, se especifica que desde hace un par de décadas EEUU le ha asignado a Colombia un total de 11.600 millones de dólares para combatir el narcotráfico. De esta cifra, 10.000 millones se destinaron al ‘Plan Colombia’, que ha sido «el programa de ayuda bilateral más grande y de mayor duración en este hemisferio», recoge el texto.
En el año 2000, los expresidentes Bill Clinton (EEUU) y Andrés Pastrana (Colombia) suscribieron este acuerdo que buscaba «luchar contra el narcotráfico», «recuperar la seguridad» y «consolidar el desarrollo social», según la Presidencia colombiana en su página web. En 2016, el plan fue ratificado por los exmandatarios Juan Manuel Santos y Barack Obama, y recientemente el presidente Iván Duque anunció la continuación de esa cooperación (Plan Colombia), a través del programa ‘Colombia Crece’.
La lucha contra la insurgencia
Los autores del texto consideran que Colombia hizo un «gran progreso» en el objetivo de recuperar la seguridad en el país, y que su política de Estado para combatir a los grupos armados fue un «éxito desde el punto de vista de la lucha contra la insurgencia».
«Un estado que hace dos décadas estaba al borde del colapso es ahora el más firme aliado de EE UU con una democracia vibrante y una economía de mercado estable», destaca el informe.
Sin embargo, la lucha antinarcóticos no ha logrado la misma aprobación y ha sido tildada de «fracaso», frente a la cifra récord de 212.000 hectáreas de coca cultivada en 2019, «incluso cuando el país intensificó sus esfuerzos, erradicando más de 100 hectáreas», dice el documento.
En septiembre pasado, el presidente colombiano ratificó la meta de reducir en 50 % los cultivos ilícitos para 2023, lo que también ha sido cuestionado en el estudio debido a que la misma meta se estableció hace más de una década sin haberla alcanzado, a pesar del Plan Colombia.
El recrudecimiento de la violencia, caracterizado por los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros en medio de las disputas de grupos armados ilegales y narcotraficantes por el control territorial, tampoco ha pasado desapercibido. En el informe se afirma que «Colombia no puede asegurar la paz y controlar el narcotráfico sin que enfrente de manera simultánea la ausencia de seguridad y desarrollo en vastas zonas del país».
Recomendaciones
Si bien en las recomendaciones se asegura que la erradicación masiva de los cultivos ilícitos es primordial, se señala la poca eficacia que han tenido las fumigaciones hechas por el Gobierno, a pesar de las críticas de varias organizaciones por su impacto negativo ambiental y en la salud de los campesinos, recoge El Tiempo.
En el reporte también se asegura que los precios de la cocaína en EEUU se han mantenido estables en la última década, incluso con «grandes variaciones en la oferta colombiana». «A menos de que el Estado pueda proporcionar seguridad tanto física como económica, la historia de la lucha contra el narcotráfico en Colombia demuestra que los agricultores volverán a la coca, a menudo dependiendo de la guerrilla u otros grupos de traficantes», se añade.
Entre las otras medidas que han sido recomendadas por la Comisión, y que serán debatidas en el Congreso estadounidense este jueves, se encuentran:
- Detener el envío de erradicadores y fuerzas de seguridad a zonas remotas porque es una «pérdida de tiempo y recursos».
- Enfocarse en la destrucción de laboratorios y regular la compra de combustible y químicos que se usan en la producción de la droga.
- Construir vías terciarias para conectar las zonas remotas.
- Acelerar los esfuerzos en la titulación de tierras, que permitan a los campesinos acceder a créditos y otros beneficios.