Los integrantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado, la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 (Asovic) y la Fundación Víctimas del Sicariato Campesino, consignaron este lunes en la presidencia de la Asamblea Nacional (AN) una comunicación con el fin de solicitar un derecho de palabra ante la Plenaria de conformidad con el artículo 211 de la Constitución Nacional, para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Amnistía propuesta por la oposición.
Asdrúbal González, coordinador de la Red Nacional de Derechos Humanos, explicó que dicho artículo establece que el Parlamento Nacional con motivo de la discusión y aprobación de los proyectos de leyes, dará derechos de palabra tanto integrantes de los órganos del Estado, a las ciudadanas y ciudadados y a la sociedad organizada, para expresar su opinión sobre los mismos.
La Ley de Amnistía, señaló que vulnera los derechos humanos de las víctimas. “Esperamos que los diputados de la Asamblea Nacional discutan y se le otorgue el derecho de palabra a las víctimas, porque así como se están escuchando a los víctimarios, es necesario y es un derecho constitucional que sean escuchadas cada una de las víctimas”.
Luego de consignar la referida comunicación, González declaró en los espacios externos de la Asamblea Nacional, donde en compañía de los integrantes de los citados comités y organizaciones de derechos humanos, comentó que tienen previsto acudir a todos los organismos nacionales e internacionales de promoción y protección de los derechos humanos.
En ese sentido, añadió que acudirán al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, a saber, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mercosur, Unasur, para “levantar nuestra voces como defensores de derechos humanos y apoyando a las víctimas para que no se genere impunidad”.
VOCES DE LAS VÍCTIMAS
Sobre el proyecto de Ley de Amnistía, señaló que abarca aproximadamente 17 años, en los que “estarían sembrando impunidad, no solo en cuanto a las víctimas de las guarimbas, sino de diferentes hechos punibles que se generaron en Venezuela, entre los que se encuentra las víctimas de campesinos, las del 11 de abril. Son una serie de situaciones que quebrantaron la paz en el país”.
La solicitud de palabra, explicó, tiene como finalidad que las víctimas presenten su punto de vista, “es ilógico que se le estén dando privilegios” a las personas imputadas o responsables de los hechos violentos que ocurrieron en el país en los últimos 17 años, y que “las víctimas no sean escuchadas”.
Como ejemplo de una Ley de Amnistía aprobada en otros países, mencionó a Argentina, donde fue aprobada la Ley de Punto Final, la cual estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados de hechos violentos durante la dictadura militar.
A consecuencia de la aprobación de este instrumento jurídico, González manifestó que “responsables políticos, asesinos quedaron en libertad por esta ley, que en lugar de sembrar la paz y crear confianza en la población, lo que crearon fue impunidad hacia las víctimas y los más necesitados”.
NO A LA IMPUNIDAD
En torno a la Comisión Nacional de Justicia, Verdad y Paz propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la presentación del mensaje anual a la Nación en la AN, apuntó que como defensores de derechos humanos a finales del pasado mes de diciembre publicaron un comunicado, en el cual apoyan y solicitan la constitución de una comisión por la justicia y la verdad que estudie e investigue cada unos de esos hechos violentos.
“No podemos apoyar la amnistía en hechos tan abominables como el paro petrolero, que generó una pérdida a la nación, o de las guarimbas de los años 2013 y 2014, que dejó más de 52 fallecidos y 870 heridos. Hay una serie de situaciones relevantes en las que hay víctimas fatales y víctimas con lesiones psicológicas, morales. Eso no puede quedar impune”, argumentó.