Los concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela en Maracaibo y líderes del Sindicato de Barrido Manual del Zulia introdujeron ayer en el Tribunal Contencioso Administrativo un informe de inspección judicial para frenar el proceso de reingeniería (reestructuración) llevado a cabo por la alcaldesa de la ciudad Eveling Trejo desde enero pasado.
El concejal socialista Henry Ramírez recordó que el informe de inspección entregado en la sede de los tribunales a las 9.00am fue levantado el 29 de diciembre de 2010 por el juez del Tribunal Municipal Ibrahim Rincón, durante la sesión privada celebrada por la Cámara Municipal en la sede de Polimaracaibo para aprobar, en primera discusión, el proyecto de ordenanza para la supresión y liquidación del Instituto Municipal del Ambiente (IMA).
Explicó la concejala del PSUV Egda Vílchez que el recurso tiene como finalidad “exigirle al Tribunal Contencioso Administrativo que comunique una vez tanto a la Cámara Municipal como a la Alcaldía de Maracaibo la existencia del amparo constitucional del 26 de marzo de 2010”, emitido por la jueza Gloria Urdaneta de Montanari.
El fallo del 26 de marzo de 2010 fue emitido luego que el ex alcalde interino Daniel Ponne el 15 y 17 de diciembre anunciara un plan de reestructuración que puso en riesgo laboral a más de 6.000 trabajadores de la Alcaldía.
El presidente del Sindicato de Barrido Manual, Nerio López, rechazó “la reingeniería de la alcaldesa Eveling Trejo porque nos dejaría sin empleo y sindicato a los 2.731 obreros” de la Fundación para el Saneamiento Ambiental de Maracaibo (Funsama, adscrito al IMA).
Liquidación, supresión, desaparición
El concejal Nelson Cánquiz y el dirigente Nerio López resaltaron que el proyecto de ordenanza para la supresión y liquidación del IMA, en sus artículos 14 y 17 contemplan la eliminación de esta paramunicipal, del sindicato y del contrato colectivo firmado en octubre de 2008 con el saliente alcalde Gian Carlo Di Martino.
Cánquiz alertó sobre los planes de eliminación de las también paramunicipales Servicio Social, Protección Civil, Sagas, Impredec, Fundepo y Clínicas Móviles.
Con estas medidas, resaltó el concejal, la alcaldesa “estaría eliminando 75% de la nómina de la Alcaldía, estaría cometiendo el mismo error de Daniel Ponne (ex alcalde encargado)” y del prófugo de la justicia Manuel Rosales por impulsar despidos entre 2008 y 2009 alegando reestructuración y falta de presupuesto.
Todas las gobernaciones y alcaldías del país, demostró señaló Henry Ramírez, tienen asignados 50% del presupuesto para obras y otro 50% para gastos administrativos y “Eveling Trejo no puede argumentar que 77% de los recursos se le van en nómina”.
Recordó además que durante el ejercicio fiscal de 2009 recibió cinco créditos adicionales; para 2010 la alcaldía de Maracaibo recibió otros cinco créditos equivalentes a casi 60 millones de bolívares, 41 millones por Situado Constitucional y 17 por Laees.
Diálogo o prisión
Los concejales Nelson Cánquiz, Egda Vílchez y Henry Ramírez, y los dirigentes gremiales del IMA exhortaron a los 10 concejales de derecha (Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo) a rechazar el proyecto de ordenanza de liquidación del Funsama, que será discutido por segunda vez el próximo sábado.
Si los concejales de AD, PJ y UNT, aclararon los pesuvistas, aprueban la ordenanza el próximo sábado estarían incurriendo en desacato de una orden judicial y “podrían ir a prisión si no se apegan a la medida cautelar del 26 de marzo”, precisó Ramírez.