La Corte Constitucional de Colombia confirmó este jueves la inhabilitación política de 18 años a la exsenadora y activista de derechos humanos Piedad Córdoba.
A finales de septiembre de 2007, el Procurador General de la nación destituyó del cargo de Senadora a Piedad Córdoba y la sancionó con una inhabilidad por 18 años para ocupar cargos públicos.
El principal argumento se basó en los documentos encontrados en las computadoras del abatido líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alias Raúl Reyes, a comienzos del año 2008.
En torno a la tutela que hace más de dos años interpuso Córdoba en contra del general Alejandro Ordóñez que la destituyó y sancionó para ocupar cargos públicos durante 18 años.
El recurso jurídico se basa en que el Procurador General de la nación no es competente para declarar la muerte política de los congresistas.
Este jueves, tras un largo debate, los magistrados aceptaron por una votación de siete a dos el fallo de la Procuraduría que dio muerte política a Córdoba, con la imposibilidad de ejercer cargos públicos o de ser elegida por mandato popular.
Para el alto tribunal, en el proceso disciplinario a la exsenadora no se le violó el debido proceso.
Según la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) las muertes políticas solo podrían decretarse cuando se trate de una condena impuesta por un juez competente en un proceso penal, lo cual no rige en el caso de Piedad Córdoba, cuya destitución e inhabilitación no correspondió a esos presupuestos legales.