El domingo por la mañana, el sacerdote Marcelo Pérez terminó de dar misa en una iglesia de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al sair, abordó su camioneta. En ese momento, dos sicarios que viajaban en moto y cubrían sus rostros con pasamontañas se acercaron, lo balearon, lo mataron. Y escaparon.
La noticia del crimen provocó una conmoción ya que confirmó la creciente violencia que padece este estado ubicado al sureste de México que hoy es territorio en disputa de los cárteles del narcotráfico.
Apenas la semana pasada, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) había denunciado un inédito acoso y amenazas por parte de las organizaciones criminales.
Fue una señal más de la crisis de violencia que comenzó a profundizarse hace un par de años en Chiapas y que aumenta cada día con asesinatos y desapariciones, además del desplazamiento masivo de ciudadanos que se ven forzados a dejar sus pueblos para salvar su vida.
Todo ello lo denunció el mes pasado Pérez, un cura indígena que sostenía un intenso trabajo social en la comunidad. «La violencia no se aguanta, el pueblo se está levantando, la Iglesia se está levantando, se han unido las tres diócesis ante esta avalancha de la violencia», le dijo el 13 de septiembre al periodista Isaías Mandujano durante una protesta en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.
«Desgraciadamente, el Gobierno no solo que no hace nada, sino que niega sistemáticamente la existencia de la violencia. Cada vez hay más muertos, más desplazados, secuestros, y eso preocupa mucho», agregó al revelar que, a pesar de que él y otros párrocos de Chiapas recibían amenazas y sabían que arriesgaban sus vidas, permanecían al lado «del pueblo que sufre».
Condena
El asesinato del sacerdote desató una oleda de condenas porque era uno de los referentes sociales más importantes de Chiapas, en particular por su apoyo a las comunidades indígenas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado a Pérez medidas cautelares, debido al riesgo constante que enfrentaba su vida e integridad personal.
«El Padre Marcelo era un referente en la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia para Chiapas; su pérdida es irreparable y nos reitera la necesidad de implementar medidas estructurales que cambien el contexto de violencia que sufren algunas regiones de Chiapas», señaló.
La organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) se sumó a la indignación por el asesinato del sacerdote y al reclamo de justicia.
«Pedimos que la violencia en Chiapas cese y con ello el dolor de miles de hermanas, hermanos y hermanes (…) encomiamos a las autoridades atiendan las necesidades y exigencias de los pueblos y comunidades de las distintas regiones de Chiapas que viven y sufren la violencia. Hoy nos siguen preocupando y doliendo personas, pueblos y comunidades que (…) se encuentran amenazadas», expresó Serapaz en un comunicado.
La Compañía de Jesús, por su parte, explicó que, durante décadas, el padre Marcelo fue un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas, ya que defendió la dignidad, los derechos de los pueblos y la construcción de una paz verdadera.
«Su compromiso con la justicia y la solidaridad lo convirtió en un referente para quienes anhelan un futuro sin violencia ni opresión. Rechazamos cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados. El crimen organizado ha sembrado miedo y dolor en diversas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. La violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado», reclamaron los jesuitas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, una de las organizaciones más reconocidas en este país, agregó que Pérez «caminó siempre con los más pobres, como verdadero pastor y defensor de derechos humanos» y reiteró que había denunciado la violencia que era «minimizada irresponsablemente» por los gobiernos.