Diversas son las modalidades diseñadas y ejecutadas por empresarios de la construcción para realizar ventas engañosas de viviendas, captar a los posibles compradores y cometer fraudes. Cerca de 200 mil familias de Venezuela han sido engañados por la venta de inmuebles.
Según el articulador de la Sala Situacional de Afectados y Afectadas por estafas inmobiliarias, Augusto Montiel, unas 70 mil familias venezolanas firmaron contratos para la adquisición de una habitación y pagaron sus respectivas cuotas; sin embargo, aún no reciben su casa pese a que ha pasado la fecha estimada de entrega de la construcción.
Añadió que otras 130 mil parentelas suscribieron convenios; no obstante, ante la arremetida de los propietarios de las inmobiliarias, se vieron en la obligación de cancelar los pactos de compra de las soluciones habitacionales. “Eso es casi 10% de lo que supuestamente se entiende como el déficit habitacional, que se estima que esté entre un millón y medio y dos millones. Esto tiene una deliberada acción de desestabilización económica en Venezuela”.
ALERTA ANTE MODO DE OPERACIÓN
Augusto Montiel advirtió sobre el modo de operación que vienen implementando los encargados de levantar y edificar los complejos urbanísticos en todo el territorio venezolano.
Explicó que las estafas se inician desde la etapa de preventa de los inmuebles, en la cual las empresas promotoras ofrecen residencias con características específicas y costos que luego, sin ningún tipo de justificación, son incrementados hasta en 230%.
“Las familias entregan el dinero, firman el contrato de adquisición de las viviendas y de manera programada esas viviendas no son entregadas. Los planes de las compañías constructoras no son el de construir sino captar y desviar capital, y crear una operación financiera que le permite hacer uso del capital hasta por cinco años”, expresó Montiel.
Agregó que los empresarios, una vez que obtienen el dinero de las ciudadanas y los ciudadanos compradores, aplican la segunda fase, que consiste en sacar del país los recursos económicos que perciben de las ventas fraudulentas para invertirlos en otras actividades comerciales. “Las empresas inmobiliarias son centros de delitos, utilizadas de manera programada como una buena mafia para atraer el capital de las personas, lo cual es mezclado con los créditos al constructor que da el Gobierno Nacional, como nunca antes en los últimos 10 años”.
Detalló que además, se registran irregularidades que son penadas, como el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC), incumplimiento de contratos, paralización de las obras, proyectos inconclusos, manipulación de la cartera crediticia, así como denegación de información, retención de documentos y negación de créditos de forma injustificada.
Montiel declaró que “cuando las familias solicitan el retorno de su dinero, los constructores dicen que le quitarán 30% del dinero pagado y no le ofrecen nada en compensación. Es el comportamiento de unos irresponsables que no entienden el desarrollo del país que debe ir en beneficio de la justicia social”.
Sostuvo que los delitos cometidos por los constructores, están tipificados, entre otras normativas, en la Constitución y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
“En líneas generales, los delitos se pueden resumir en la usura, especulación y cartelización. Por acción y por omisión. Las estafas inmobiliarias han sido un esquema de delitos permanentes y tienen una serie de delincuentes”, apuntó.
COMPLICIDAD CON LA BANCA
Augusto Montiel recordó que en los fraudes inmobiliarios hay complicidad entre los dueños de las compañías constructoras y la banca privada. “Eso viene desde los créditos o cuotas balón, que se dieron en gobiernos pasados, a través de la banca, y que le robaron a las familias millones y millones de bolívares. En este momento, la complicidad entre los constructores estafadores y la banca ha quedado descrito y delineado”.
Para dar respuesta a las afectadas y los afectados el Ejecutivo venezolano instó recientemente a los banqueros a cumplir con su responsabilidad, en tanto que se pidió al Poder Legislativo la conformación de una comisión especial para investigar las trampas de las constructoras.
La instancia legislativa quedó conformada por la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Blanca Eekhout, y los diputados Augusto Montiel y Darío Vivas. Paralelamente, se han sumado los esfuerzos de la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“El Gobierno está haciendo todo lo necesario para que todas las instituciones, ejerciendo las leyes, medidas administrativas y judiciales, puedan tomar acciones sobre cada uno de los delitos cometidos por los estafadores y la complicidad que hay con las entidades financieras”, añadió Montiel.
ARTICULACIÓN SOCIAL
Augusto Montiel destacó la articulación social que se ha establecido entre las estafadas y los estafados de toda Venezuela, pese a las acciones de amenaza y hostigamiento que han ejercicio algunos propietarios de las empresas inmobiliarias para atemorizar a los compradores.
Aseguró que se han conformado movimientos populares para hacer contraloría, investigar y recopilar evidencias de los engaños en el sector de la construcción de viviendas. “Los designios de usura y especulación del mercado de la construcción lo han podido demostrar y desmontar el movimiento de ciudadanos estafados. Es una afectación nacional a la economía de miles de familias que han colocado sus ahorros en manos de los constructores estafadores”.
Algunas de las constructoras que más denuncias han registrado por evidenciar irregularidades son: Grupo Effiel, Mata Linda, Promotora SDA 202 C.A, Inversiones Martinique, Inversiones Urbana 2007, Desarrollos INMOB Desine, Inmobiliaria Dafer, Promotora Metro Urbe, Promotora Altos de Oro y Grupo Copeca C.A.
Montiel instó a las ciudadanas y los ciudadanos a realizar las denuncias sobre ventas engañosas o estafas, en la sede del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) en la avenida Libertador, en Caracas, así como en sus dependencias regionales, o llamando a través del 0-800-RECLAMA (7325262).