La Contraloría General de la República acudió al Tribunal Supremo de Justicia para interponer una oposición al recurso de nulidad y medida cautelar de amparo presentada por el Enzo Scarano.
El contralor Manuel Galindo indicó que Scarano pidió al Máximo Tribunal que dejara sin efecto la inhabilitación en su contra que le impide ejercer cualquier cargo público por un año.
Según Galindo, la medida ejercida en contra del exalcalde fue legítima.
“Esta es una prueba evidente de que en Venezuela existe el debido proceso y el derecho a la defensa”, declaró.
A mediados del mes pasado la Contraloría General de la República inhabilitó al exalcalde del municipio San Diego, Enzo Scarano, para ejercer cualquier cargo público en el lapso de un año.
Días después, Scarano solicitó al Tribunal Supremo de Justicia dejar sin efecto la inhabilitación que la Contraloría General de la República le impuso para poder postularse como candidato a la Asamblea Nacional.
El contralor corroboró que María Corina Machado también interpuso un recurso de reconsideración de la inhabilitación en su contra.
Galindo informó, además, que introdujo dos recursos de revisión ante la Sala Constitucional sobre sentencias de la Sala Político Administrativa en contra de actos administrativos de la Contraloría General: “También le asiste al Estado venezolano el derecho a la defensa y el debido proceso”.
En la rueda de prensa no precisó el contenido de los recursos: “Sería irresponsable por parte de la Contraloría General si anunciamos algunas resultas, sería adelantarnos a las resultas”.
En cuanto a las quejas de la oposición que calificó las inhabilitaciones como retaliaciones políticas, dijo: “En primer lugar como jurista y en segundo lugar como contralor general no me tengo permitido dar opiniones de carácter personal que, de alguna u otra manera, puedan interferir en las opiniones políticas del Estado venezolano”.
“Todas las personas, todos los funcionarios y funcionarias que han sido objeto de cualquier tipo de sanción, incluyendo la inhabilitación, al recurrido ante la Contraloría General, se les ha garantizado su derecho a la defensa, al debido proceso, revisión del expediente y también pueden acudir, bajo el principio de la tutela judicial, ante el Tribunal Supremo de Justicia”, sentenció.