Las acciones de sabotaje de la contrarrevolución son responsables del desabastecimiento de productos de primera necesidad en el país, señaló este viernes la superintendente nacional de costos y precios justos, Karlin Granadillo.
“Sin duda es una estrategia de la contrarrevolución, ya no se sientan frente a las pantallas de televisión y anuncian que se van a parar ‘para salir de este Gobierno’ sino que van progresivamente afectando la producción, atacando a través de la especulación”, expresó durante una entrevista en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión.
Dijo que actualmente el Gobierno está analizando la producción, distribución, importación y comercialización de los productos en el país.
“Estamos analizando en qué nivel está la producción y la importación y los dólares que obtienen los empresarios gracias a la administración cambiaria para identificar exactamente dónde están los responsables de la situación”, indicó.
Granadillo comentó que actualmente hay empresas que han obtenido una mayor cantidad de dólares, en comparación con años anteriores.
“No hay una explicación lógica de que no se consiguen productos en el supermercado. También se le han reconocido nuevos precios a varios productos alimenticios y luego no aparecen en el mercado, ahí vemos cómo no es la regulación de precios sino que es una reacción para eliminar esa política”, agregó.
La línea telefónica gratuita 0-800 sabotaje (0-800-722.68.253) fue activada el pasado 12 de septiembre por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que la población denuncie los actos de desestabilización de la economía.
TRAMPA DE LA DERECHA
Manifestó que es una práctica muy extendida entre los productores del sector privado agregarle aditivos a los productos para evadir la presentación regulada, como el caso del arroz saborizado, que venden a más del doble del precio, regulado en Bs 7,20 el kilo.
El Estado consideró regular las presentaciones básicas y que ocupaban el 80% de la producción. “Viendo la trampa del sector privado el Gobierno empezó a establecer cupos de producción, el 70% de la producción tiene que ser el producto clásico y un cupo menor para el arroz saborizado”.
Ante las acciones de la derecha, Granadillo resaltó la necesidad de seguir fortaleciendo la producción a través del poder popular y señaló que las leyes venezolanas permiten intervenir cualquier empresa para garantizar la continuidad de la producción.
«Eso es lo que está haciendo el Órgano Superior para la Defensa de la Economía, articulando todas esas capacidades que tiene el Ejecutivo Nacional para hacer fiscalización siempre acompañado del poder popular y atender las denuncias», apuntó.
CLÍNICAS PRIVADAS
Informó que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora instaló una sala situacional, la cual atiende denuncias las 24 horas del día sobre las irregularidades que ocurren en el sector salud privado. Los afectados pueden comunicarse a través del número 0212- 905-15-76.
En el mes de agosto, el superintendente de la Actividad Aseguradora, José Luis Pérez, destacó que la Sala Situacional de Salud registró un 95% de efectividad, al encontrar soluciones inmediatas a las denuncias presentadas por personas contratantes de una póliza de seguros.
La Sala Situacional de Salud fue creada el 8 de noviembre de 2010 por un convenio entre la Defensoría del Pueblo, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (Indepabis) y la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
Este servicio permite a una persona que ha contratado una póliza de seguros o está registrada en un plan de salud privado denunciar, desde cualquier lugar del país y a cualquier hora del día, el incumplimiento del servicio. Para ello la persona interesada también puede comunicarse con el 0800-7258734 o remitir su denuncia por el correo electrónico salasituacionalsalud@sudeseg.gob.ve.
Esta Sala Situacional de Salud ofrece una respuesta inmediata a las denuncias formuladas por ciudadanos contratantes de las pólizas que ofrecen las distintas empresas de seguro, empresas de medicinas prepagadas, cooperativas y centros asistenciales de salud privados.